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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES

ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ARTÍCULOS 57 y 58 DE LA LEY 1480 DE 2011 Y 24 DE LA LEY 1564 DE 2012-.

Radicado interno: XXXX
506 Jurisdiccionales

23 Fallo

Expediente: XXXX Demandante: XXXX Demandado: XXXX

Asunto: CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 439 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – PROCESO VERBAL SUMARIO DE MÍNIMA CUANTÍA.

En Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil catorce (2014), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), fecha y hora previstas para continuar la audiencia contemplada en el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, suspendida el pasado dieciocho (18) de noviembre de 2013, la suscrita Delegada para Funciones Jurisdiccionales se constituye en audiencia pública para los efectos correspondientes, disponiendo la grabación de lo actuado, registro que forma parte integral del acta correspondiente. Asiste la audiencia Diego Fernando Ramírez Sierra, profesional especializado de la Delegatura.

(…)

SENTENCIA

Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual entre el señor XXXX y XXXX

I. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL

El señor XXXX, en ejercicio de la acción de protección al consumidor, presentó demanda en contra de XXXX, solicitando se condene a la entidad demandada a restituirle la suma de $2.000.000 por concepto de saldos a favor, descuentos arbitrarios, garantía extendida, indexación y daños ocasionados (fl. 57).

Como soporte de sus pretensiones expuso que en el año 2010 obtuvo un crédito para la adquisición de un vehículo con la entidad demandada por valor de $19.992.000 pagadero a 60 cuotas mensuales de $635.000 cada una, los días 27 de cada mes, con nota débito a su cuenta de ahorros pero que ante las irregularidades cometidas por la financiera, decidió cancelar directamente por ventanilla suspendiendo la autorización para la realización de débitos automáticos. Indica además que durante el año 2010 el crédito no presentó mora pero que en el año 2011 presentó mora en 4 pagos que ascendían a $2.540.000 y que la financiera debitó arbitrariamente de su cuenta la suma de $747, que igualmente entre enero y febrero de 2012 canceló la suma de $3.155.000 por lo que se generaría una suma a su favor por $615.747, que adicionalmente le cobraron una garantía extendida por valor de $473.401 y le debitaron el 24 de enero de 2013 $52.689,49 y el 1 de febrero del mismo año $323.283 para un gran total a su favor de $1.465.719,49, suma que ahora reclama.

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Admitida la demanda, fue notificada a XXXX, quien dio oportuna contestación, aceptando la existencia del contrato de crédito y proponiendo las excepciones de mérito que denominó: “XXXX se encuentra facultado para realizar el cobro de honorarios de cobranza judicial de los saldos en mora del demandante”, “XXXX se encuentra facultado para realizar el cobro de penalidad por pago anticipado de la deuda”, “XXXX se encuentra facultado para realizar débitos automáticos de la cuenta del consumidor financiero”, “Incumplimiento en el pago de la cuota variable por parte del demandante”, “XXXX no realizó ningún cobro por concepto de garantía extendida al demandante” y la excepción “Genérica” (fls. 74 a 82). Argumenta para el efecto que a la época de ocurrencia de los hechos, la Compañía de Financiamiento se encontraba facultada tanto para realizar el cobro de honorarios por cobranza prejudicial conforme lo establecido por la Circular Externa 048 de la Superintendencia Financiera, como para realizar el cobro de penalidad por cobro anticipado de la deuda, así como los débitos automáticos de la cuenta del demandante conforme lo pactado en el contrato. Que fue el demandante quien incumplió el pago de la cuota variable y que adicionalmente la financiera no efectuó ningún cobro por garantía extendida, por cuanto a pesar de que en la respuesta al derecho de petición presentado por el demandante se incluyó por error dicho cobro, el mismo en realidad nunca se realizó.

Surtido el traslado de las excepciones a la parte actora, sin pronunciamiento de ésta, el Despacho convocó a las partes a la audiencia de que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, que se inició el pasado 18 de noviembre (fl. 210). Ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia de conciliación por la no comparecencia del demandante, sin que se acreditara justificación para ello, se practicó el interrogatorio al representante legal de la demandada, se definió el litigio y se abrió el período probatorio, cerrado el cual, se concedió el uso de la palabra a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, habiendo hecho uso de tal derecho la compañía demandada, teniendo en cuenta la no comparecencia del demandante.

II. CONSIDERACIONES 1. Competencia y presupuestos procesales

En lo que respecta a los llamados presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, no existe reparo alguno. Esta Delegatura es competente para conocer del conflicto surgido entre las partes, en ejercicio de la acción de protección al consumidor, toda vez que se trata de una controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre XXXX, como consumidor financiero y XXXX, entidad vigilada por esta Superintendencia. Adicionalmente se encuentra habilitado el elemento temporal a que alude el numeral 3o del artículo 58 de la Ley 1480.

Tampoco se observa causal alguna de nulidad que pueda invalidar lo actuado, lo cual significa que el presente proceso finalizará con un pronunciamiento sobre el fondo del litigio.

2. Consideraciones sobre el caso concreto

En el presente caso, no se somete a discusión la existencia del contrato de crédito para la adquisición de vehículo celebrado entre XXXX y XXXX, relación que se enmarca en el típico contrato de mutuo o préstamo de consumo regulado por los artículos 1163 a 1169 del Código de Comercio y definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquél en el cual: “… una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad”, con la variable que en el ámbito mercantil, de que dicho negocio jurídico es por naturaleza remunerado, y por ende, el mutuario se obliga a pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de la cosas recibidas en mutuo. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio.

Al respecto, procede indicar que el crédito de consumo, a su vez ha sido definido en el literal a), numeral 2o, del artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010, en los siguientes términos: “(…) el crédito de consumo es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con

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personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales (…)”. Se resalta que este tipo de crédito no cuenta con una reglamentación legal especial como ocurre con los créditos de vivienda u otros considerados como “oficialmente regulados” como ocurre con los distintas operaciones de crédito de que trata la Parte IX del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -EOSF- (Decreto 663 de 1993), y en consecuencia, las condiciones que rige el crédito de consumo obedecen al mutuo acuerdo de las partes a partir del cual se regulan aspectos tales como, el plazo, la tasa de interés, el sistema de amortización aplicado, condiciones generalmente contenidas o bien en la carta de instrucciones para el diligenciamiento del pagaré o en la solicitud del producto crediticio, casi siempre en ausencia de un reglamento o clausulado específico.

Adicionalmente, formando parte del contrato se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido. Así, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que “los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”. Lo anterior sin perjuicio de la prohibición del legislador acerca de la inclusión de cláusulas o estipulaciones contractuales abusivas en los contratos de adhesión (parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009).

A partir de los hechos no controvertidos, corresponde a la Delegatura establecer si los cobros efectuados al demandante con ocasión del crédito 930383 del cual es titular, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales de XXXX y por tanto está llamado a reintegrar la suma cobrada en exceso, teniendo en cuenta que la responsabilidad de las entidades vigiladas además de estar inmersa dentro de un régimen especial con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, se enmarca igualmente dentro del ámbito de protección al derecho del consumidor, expresión del artículo 78 constitucional. Baste hacer referencia a la ley dentro de la que ha sido creada la acción de protección al consumidor, esto es la Ley 1480 de 2011, más conocida como Estatuto del Consumidor.

Al efecto, la actividad financiera cumple respecto del desarrollo económico una función esencial, como lo ha sostenido de manera reiterativa la Corte Constitucional, entre otras en sentencia C-640 de 2010, que conlleva una especial protección fundada en la confianza pública inmersa en su gestión. Por ello, se exige precisamente de las entidades que la ejercen, mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio cuentan con sistemas de información, de liquidación y de recaudo de cuotas de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales.

Ahora bien, en el presente asunto, la inconformidad del demandante se centra en el cobro abusivo que en su sentir ha realizado la compañía de financiamiento, por concepto de intereses, gastos prejudiciales, y garantía extendida. Así pues, concernía a XXXX acreditar dentro del presente proceso, haber efectuado los débitos conforme lo pactado en el contrato.

Para efectos de atender lo anterior, la compañía demandada allegó al proceso la Carta de Instrucciones del Pagaré suscrita por el demandante obrante a folios 90 y 91 del expediente en la cual se establece:

“4. INTERESES: 4.1. Sobre los saldos de capital mencionados en el numeral 3° del pagaré se causarán intereses remuneratorios, que se liquidarán mes vencido, y para el primer mes de vigencia del crédito dicha liquidación se hará a la tasa vigente para la fecha de desembolso. A partir del segundo mes y por el resto del plazo del crédito, EL ACREEDOR reliquidará mensualmente el componente variable de la tasa de interés remuneratoria, en un porcentaje igual al de la variación registrada durante el mes anterior en la Tasa DTF Promedio Mensual expresada en términos de Trimestre Anticipado, (…) 4.2. En caso de mora y mientras subsista la misma, se causarán y liquidarán, por mes o fracción de mes, intereses a la más alta tasa permitida para la mora, para la modalidad de crédito en la cual haya sido clasificado el respectivo crédito conforme a la ley y según las certificaciones que expida la Superintendencia Financiera de Colombia o la autoridad que haga sus veces. (…)” (Negrillas fuera del texto).

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En el mismo sentido, el documento “CONDICIONES DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO NÚMERO 930383” suscrito por el demandante y obrante a folios 101 y 102 indica entre otros:

“A. TASA DE INTERES DE MORA:
En caso de incumplimiento o retardo en el pago de una o más cuotas, usted deberá pagar intereses de mora a la tasa máxima permitida conforme a la ley para la respectiva modalidad de crédito y según las certificaciones que expida la Superintendencia Financiera de Colombia o la autoridad que haga sus veces.
(…)
D. GESTIÓN DE COBRANZA PREJUDICIAL:
A partir del primer día de mora y hasta el 120.

Dicho documento relaciona los mecanismos de Cobranza, tales como la llamada telefónica y mensajes de texto, contacto a través del Call Center y Contacto con el Titular para llegar a un acuerdo confiable; de acuerdo con el rango de la mora, se establece que “Los gastos de cobranza prejudicial se liquidarán teniendo en cuenta los conceptos de Rango de la Mora, Base de Liquidación y Honorarios” y se advierte que: “ En caso de mora, en el pago, el cliente deberá pagar los honorarios y gastos de cobranza prejudicial y/o judicial” (Negrillas fuera del texto).

La cláusulas precedentes, no limitan o restrinjan los derechos del consumidor o exoneran a la entidad de responsabilidad (parágrafo del artículo 11 Ley 1328 de 2009), razón por la cual no pueden calificarse de abusivas y en consecuencia su cumplimiento resulta exigibles a las partes, en el presente caso, a la parte demandante por ser la deudora, quien de acuerdo con el documento obrante a folio 149, autorizó el débito automático de la cuenta de ahorros de Bancolombia por el valor de la cuota mensual del crédito los días 27 de cada mes.

De lo anterior resulta entonces claro para esta Delegatura que contrario a lo manifestado por el demandante, el valor de las 60 cuotas pactadas no fue una cuota fija de $635.000 como se afirma a folio 2 de la demanda, sino que el valor de las mismas era variable pues dependía de la variación registrada durante el mes anterior en la Tasa DTF. Así se desprende también del mismo folio de la demanda cuando el propio demandante efectúa la relación de valores que le fueron debitados de su cuenta durante los meses de mayo a febrero de 2011, en donde se advierte que los valores descontados oscilaron entre los $624.356 y $630.502. En el mismo sentido, se encuentra la declaración de la testigo, ADRIANA GARNICA MARTÍNEZ, Supervisora del Servicio al cliente de XXXX, quien manifestó que siempre se le enviaron extractos al cliente informándole de sus pagos (Cd, min. 1:38:20, fl. 215).

Tampoco resulta acertado el análisis que hace el demandante en la demanda según el cual, como incumplió con los pagos de 4 periodos correspondientes a los meses de marzo, julio, agosto y noviembre de 2011, el valor total adeudado a la compañía por tales incumplimientos equivaliera a $2.540.000, resultado de multiplicar el valor que estimaba era su cuota -es decir $635.000- por los 4 periodos adeudados. Lo anterior por cuanto por naturaleza el contrato de mutuo es remunerado de lo cual resulta la causación de intereses moratorios que según lo pactado se generarían en caso de incumplimiento en el pago de la obligación, motivo por el cual y como se observa en la relación de pagos del crédito obrante a folios 226 y 227 a partir del mes de marzo de 2011 se generaron intereses de mora por valor de $3.437, así como cargos por gestión y honorarios de cobranza que al mes de julio de 2011 aparecen liquidados en las sumas de $116.000 y $140.250, sumas que no encuentra esta Delegatura se trate de cobros exagerados, máxime si se tiene en cuenta que como soporte de las anteriores gestiones obran en el expediente a folios 110 a 127 del expediente, las planillas de la gestión de cobro correspondientes al crédito del cual es titular el demandante y que relacionan más de 400 actividades de cobranza prejudicial realizadas durante el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 30 de octubre de 2012, documento aportado por el demandante como anexo de su demanda.

Sobre el particular valga precisar que el artículo 65 de la ley 45 de 1990 establece que en las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella y que en consecuencia, toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación.

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Ahora bien respecto de la forma en que la entidad vigilada llevó a cabo la liquidación del crédito del demandante, obra a folios 211 a 214 del expediente la HISTORIA DE PAGOS del crédito 930383 del señor XXXX, en la cual se relacionan los pagos efectuados por el demandante discriminando, entre otros, la fecha de pago, la fecha de aplicación, el valor aplicado, abono a capital, abono a intereses, intereses de mora, seguros y otros cargos, desde mayo de 2010 hasta marzo de 2013, en el cual se puede observar que se encuentran aplicados los pagos de los comprobantes allegados por el demandante desde septiembre de 2011 a marzo de 2013.

Sobre el mismo aspecto, se halla el dictamen aportado por XXXX, elaborado por XXXX y que reposa a folios 178 yl 179, según el cual: “No es cierto que durante el año 2011 hayan existido saldos a

favor como los relaciona el deudor por las siguientes razones: Porque a partir de la cuota de febrero de 2011, el deudor comenzó a incurrir en mora en los pagos, situación que adiciona el valor de la cuota corriente el valor de la mora, de modo que el pago se incrementa durante el mes en el cual se presenta la mora y porque las cuotas no son fijas durante el plazo porque la tasa es variable de mes a mes” y concluye que la cuantía de las pretensiones estimada por el demandante es incorrecta, “por cuanto los presuntos saldos a favor no existieron y son producto de una equivocada interpretación de la modalidad de pago por parte del deudor”.

Valga decir que sobre la citada experticia fue interrogada la perito XXXX al inicio de esta audiencia en los términos de lo establecido en el literal a) del numeral 2o del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, diligencia en la cual además de confirmar las conclusiones de su dictamen manifestó que: “Él pagaba un poco más de lo que le habían dicho teóricamente pero no más de lo que le correspondía, por efecto de la tasa tenía que pagar un poquito más pero eso era lo que le correspondía de acuerdo con la tasa que había pactado y posteriormente pues cuando generó moras, parece ser que él no tuvo en cuenta que eso tenía cobros prejurídicos y pues que eventualmente por esa razón, tenía que pagar más” (Cf. Mins: 1:09:05 y s.s.).

Así las cosas, se encuentra acreditado el cumplimiento de XXXX en la liquidación y aplicación de pagos frente a las cuotas del crédito de que es titular el señor XXXX, conforme las condiciones de la carta de instrucciones y de aprobación del crédito que hacen parte del contrato suscrito entre las partes, razón por la cual esta Delegatura declarará probadas las excepciones denominadas por la pasiva como “XXXX se encuentra facultado para realizar el cobro de honorarios de cobranza judicial de los saldos en mora del demandante”, “XXXX se encuentra facultado para realizar débitos automáticos de la cuenta del consumidor financiero” e “Incumplimiento en el pago de la cuota variable por parte del demandante”.

Ahora bien, frente al cobro de la garantía extendida vale decir que si bien como lo manifiesta el demandante la entidad vigilada no podía efectuar ningún cobro por tal concepto tal y como aparece en el documento “CONDICIONES DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO NÚMERO 930383” obrante a folio 102, en el cual los espacios correspondientes al producto Garantía extendida correspondientes a Valor, Plazo y Número de Cuotas se encuentran diligenciados en Cero, lo cierto es que del material probatorio aportado se concluye que dicho cobro no se llevó a cabo, y que su inclusión en la respuesta remitida al cliente obedeció a un error de la entidad como lo manifestó el apoderado de la demandada en su escrito de contestación de demanda, de lo que da cuenta el documento HISTORIA DE PAGOS visible a folios 211 a 214, y se encuentra corroborado con el dicho tanto de la testigo XXXX (minuto 1:38:58 del audio correspondiente), como de la perito XXXX (1:13:52 del audio), quienes manifestaron que no se efectuó cobro por este concepto ni cobros por penalidades. En consecuencia, se declarará probada la excepción“XXXX no realizó ningún cobro por concepto de garantía extendida al demandante”.

Por último y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo acreditado en el proceso, mediante el historial de pagos, así como lo declarado por la perito y la testigo según lo cual tampoco se efectuó cobro de penalidad alguna al demandante por pago anticipado, toda vez que dicho sea de paso el crédito aún no se ha pagado totalmente, esta Delegatura no se pronunciará sobre los supuestos fácticos que soportan la excepción denominada por la pasiva como “XXXX se encuentra facultado para realizar el cobro de penalidad por pago anticipado de la deuda”.

Además de todo lo anterior, el Despacho subraya que la conducta procesal del señor XXXX, evidenciada a lo largo de toda la actuación, su comportamiento renuente, la no justificación de su inasistencia a las audiencias practicadas y la conducta procesal con que ha enfrentado el adelantamiento del proceso, de conformidad con previsto en el artículo 249 del Código de

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Procedimiento Civil, son indicativos de la falta de fundamento de la acción instaurada, aspecto que, junto con lo expresado a lo largo de esta providencia y las consecuencias probatorias correspondientes, permiten a esta Delegatura denegar las pretensiones planteadas en la demanda.

Con relación a la solicitud de condenar en costas al demandante, presentada por el apoderado de la entidad financiera demandada, se accederá, de conformidad con lo establecido en el numeral 9o del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se observa que las mismas aparecen causadas. Para tal efecto, se señala como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal vigente ($ 616.000.oo).

Conforme con las consideraciones expuestas, la DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones denominadas: “XXXX se encuentra facultado para realizar el cobro de honorarios de cobranza judicial de los saldos en mora del demandante”, “XXXX se encuentra facultado para realizar débitos automáticos de la cuenta del consumidor financiero”, “Incumplimiento en el pago de la cuota variable por parte del demandante” y “XXXX no realizó ningún cobro por concepto de garantía extendida al demandante”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABTENERSE de revisar los supuestos fácticos que soportan la excepción denominada por la pasiva como “XXXX se encuentra facultado para realizar el cobro de penalidad por pago anticipado de la deuda”, conforme lo explicado en precedencia.

TERCERO: NEGAR en consecuencia las pretensiones de la demanda.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Por Secretaría, liquídense las costas

incluyendo como agencias en derecho la suma de $616.000.oo.

Cumplido lo anterior, por Secretaría archívese el expediente. La anterior sentencia se notifica a las partes en estrados.

No siendo más el motivo de la presente audiencia, se termina y firma por quienes en ella intervinieron.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES,

CLAUDIA PATRICIA GRILLO TRUJILLO

EL APODERADO DE LA COMPAÑÍA DEMANDADA,

XXXX