MANUAL DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE PERSONA NATURAL COMERCIANTE

¿Cuál es el soporte normativo del Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No comerciante?

El Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No comerciante es un procedimiento creado por la Ley 1564 de 2012, es decir el Código General del Proceso, esta Ley contiene el Régimen de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante que a su vez contiene tres clases de procedimientos a saber:

  • El trámite de negociación de deudas.
  • Trámite de convalidación de acuerdos privados.
  • El trámite de liquidación patrimonial.

El trámite de negociación de deudas que ya ha sido objeto de un manual propio, persigue la obtención de un acuerdo denominado “acuerdo de pago”, que en términos generales consiste en la adecuación de las obligaciones dinerarias de una persona natural no comerciante a la capacidad de pago de esta, es decir, los ingresos brutos, menos los gastos básicos de la persona y de su núcleo familiar. Esta adecuación permitirá que en primer lugar se modifiquen las condiciones originalmente pactadas con sus acreedores, es decir, las condiciones de plazo y tasa y adicionalmente a ello, que estas se subordinen a los órdenes legales de prelación para el pago, de tal manera que la persona deudora va a pagar ordenadamente dentro de un sistema legal que le garantice que las obligaciones van a a ser atendidas en su totalidad, pero bajo unas condiciones que le permitan priorizar sus gastos personales y familiares.

Ello se logra a través de un acuerdo que como indicábamos se denomina “Acuerdo de Pago” y que deberá ser aprobado por la mayoría de acreedores de la persona natural no comerciante, bajo un sistema de votación en el cual cada acreedor tendrá un voto por cada peso a capital que compone su acreencia.

Este procedimiento de negociación de deudas se realiza en audiencias ante un conciliador especializado o notario, y requiere que la persona posea obligaciones vencidas por más de noventa días, con dos o más acreedores y cuyas acreencias superen el 50% del pasivo total a cargo del deudor.

La convalidación de acuerdos privados, que aunque de muy poco uso en Colombia, permite que una persona igualmente natural no comerciante pueda acceder a este régimen concursal especial cuando por la pérdida de su empleo, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal o de otras circunstancias similares, enfrente dificultades para la atención de su pasivo, que se traduzcan en una cesación de pagos dentro de los siguientes 120 días. El deudor con base en estas circunstancias, podrá solicitar que se convalide el acuerdo privado que hubiere celebrado con un número plural de acreedores que representen más del sesenta por ciento (60%) del monto total del capital de sus obligaciones.

Por ultimo tenemos el Procedimiento de Liquidación de Persona Natural No Comerciante, que será objeto del presente manual y cuya definición, naturaleza y elementos podremos explicar de manera detallada en este documento. Este procedimiento en especial se encuentra regulado dentro de los Artículos 563 y siguientes del Código General del Proceso y constituye la posibilidad para una persona con problemas financieros irremediables, de tener una segunda oportunidad a través del llamado “fresh start”, ya que permite la reintegración de la persona al sistema financiero bajo unas condiciones especiales pero posibles.

¿Qué es un Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No comerciante?

Antes que nada y debido a la relevancia que tiene este procedimiento, es importante antes de profundizar en los aspectos generales del trámite, definir el concepto mismo de la Liquidación Patrimonial del Persona Natural No Comerciante. En este punto debemos hacer mención de uno de los aspectos más relevantes de este tipo de procedimientos y es que solamente hace mención al término “Liquidación”, de tal manera que resulta procedente hacer la comparación con los procedimientos liquidatorios que existen en el Ordenamiento Jurídico Colombiano.

Los procesos liquidatorios que mas se realizan en la actualidad, son los que tienen relación con sociedades mercantiles y personas jurídicas en general por lo que analizando este tipo de procedimientos podremos entender mejor en que consiste la llamada Liquidación Patrimonial del Persona Natural No Comerciante.

En primer lugar, siempre que se hable de liquidación de una Sociedad o bajo criterios de interpretación por analogía de una persona jurídica, se deberá incluir dos conceptos adicionales y complementarios: la Disolución, y la extinción.

Nuestro Código de Comercio en sus artículos 218 y siguientes, contienen las reglas para la disolución, liquidación y extinción de una sociedad y para ciertas personas jurídicas por analogía. Y son estas reglas las que nos dan mayor claridad en torno a los conceptos antes enunciados y que procederemos a explicar a continuación:

Disolución: En términos mercantiles, la disolución es un acto específico de consecuencias jurídicas mediante el cual una sociedad mercantil suspende todos y cada una de las actividades en desarrollo de su objeto social, y mantiene su capacidad jurídica única y exclusivamente para actos que conlleven su liquidación.

En otros términos, la liquidación es un ACTO que antecede y da apertura al procedimiento de liquidación.

Bien lo dice el artículo 222 del Código de Comercio cuando ordena que  Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación.” Por lo que se entiende la Disolución como un acto que tiene unas causales debidamente establecidas en la Ley.

Liquidación: La liquidación al contrario del concepto de Disolución no es un acto sino un procedimiento, que puede ser adelantado de manera voluntaria y privada, tal y como se dispone en el Código de Comercio, o por el contrario de manera Judicial como se establece en la Ley 1116 de 2006. En este procedimiento lo que se pretende es que los activos sociales sean utilizados para el pago de los acreedores externos e internos de la sociedad, ya sea mediante la enajenación de los mismos haciendo uso de subastas, venta directa o por adjudicación de los mismos, siempre siguiendo los ordenes de prelación legal para el pago.

Extinción: Por regla general La consecuencia directa de la liquidación en cuestiones de sociedades mercantiles, es la extinción de la persona jurídica desapareciendo esta de la vida jurídica para todos los efectos legales, una vez haya finalizado la liquidación correspondiente.

Hecha la anterior explicación general sobre las etapas propias de una liquidación, podremos observar que para una persona natural estas por obvias razones no se pueden aplicar en su totalidad, ya que una persona natural no puede ser liquidada de igual forma que una persona jurídica. La razón por la cual ello es imposible en primer lugar es porque la persona jurídica es una ficción legal que permite crear a una persona ficticia, con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente (Código Civil art. 633), pero siendo esta una persona ficticia, el hecho de su creación o su extinción reporta menores problemas que para una persona natural o material, ya que no podemos, (so pena de vulnerar derechos fundamentales), impedir que la persona natural se disuelva entendiendo con ello que deje de realizar las actividades propias de su objeto, dado que no realizar un objeto determinado sino desarrollar su personalidad basado en las libertades individuales constitucionales, es una de las mayores diferencias que puede encontrarse entre la persona natural y la jurídica.

No podría ser posible que se restringiera la actividad que desarrolla una persona natural y que solo se enfocara a los actos propios de su liquidación, ya que ello vulneraría casi todos los derechos fundamentales contenidos en la Carta Política y mucho menos extinguir la personalidad jurídica que no solo es un derecho fundamental, sino un atributo propio de la personalidad que solo se produce con la muerte material de la persona del deudor (art. 94 Código Civil).

Por las anteriores razones el legislador optó por el término, “Liquidación Patrimonial” que lleva consigo un trámite y efectos con ciertas similitudes en la forma con la liquidación de sociedades y personas jurídicas en Colombia pero que en definitiva va orientado a la liquidación del patrimonio de una persona natural y no de la extinción de su personalidad jurídica.

Para poder ahondar mas sobre este tema es imperativo definir el concepto de “patrimonio” en el ámbito de una persona natural no comerciante. Inicialmente podemos indicar que el concepto de patrimonio en nuestros días tiene muchas aplicaciones concretas y por lo tanto muchos significados particulares, sin embargo entratándose del patrimonio de una persona natural podemos delimitar un poco más este concepto particular. Podemos definir patrimonio como el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos bajo este entendido, desde el aspecto contable estos deberes y derechos podemos definirlos como “activos” y “pasivos”

La doctrina actual señala que el patrimonio debe ser analizado desde tres puntos de vista en particular:

Desde el punto de vista de su composición: Ya que está compuesto por un conjunto derechos y de obligaciones de manera unitaria, es decir todo dentro de un bloque de derechos y obligaciones unidos entre si sea que estén afectos a un fin determinado o no.

Desde el punto de vista económico y pecuniario: es importante este punto de vista dado que las relaciones jurídicas de carácter pecuniario, es decir las valorables en dinero, son las que conforman el patrimonio

Desde el punto de vista del titular: Por regla general siempre deberá el patrimonio ser atribuido a un titular, que será quien detente el mismo. Salvo casos en los cuales se configuren patrimonios autónomos, para que exista derechos y obligaciones debe existir un titular de ellas, algo o alguien que las detente, sea persona natural o jurídica.

Como afirmábamos en líneas anteriores, el patrimonio nace con la persona y debe extinguirse con esta y esa cualidad es el soporte sobre el cual recae el procedimiento de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante, ya que no es posible realizar la liquidación de manera absoluta del conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen estimación pecuniaria ya que ello implicaría como se manifestó previamente, una violación a casi todos los derechos fundamentales de una persona. Es por ello que el legislador ideó la forma en que el patrimonio de la persona natural no comerciante se liquidara de manera parcial, es decir, se tomaría solamente el componente de activos y pasivos de la persona que conformara el patrimonio hasta el momento de la apertura del procedimiento para conformar a su vez la masa liquidatoria y se dejarían por fuera de la misma, los bienes inembargables, así como los activos y pasivos que se adquirieran con posterioridad al inicio de dicha apertura del procedimiento.

En conclusión, la liquidación patrimonial es el procedimiento judicial mediante el cual el patrimonio de una persona natural no comerciante se extingue parcialmente, mediante la adjudicación por intermedio de un auxiliar de la justicia denominado liquidador, de los activos del deudor existentes a la fecha de la apertura del procedimiento, adjudicación que se hace por un juez civil municipal y a favor de sus acreedores, para atender los pasivos existentes a la fecha de la apertura del procedimiento liquidatorio.

Esta liquidación patrimonial supone siempre una ruptura patrimonial, es decir, el patrimonio del deudor se fractura y se divide, dejándose una parte correspondiente a todos y cada uno de sus componentes existentes al momento de la apertura del procedimiento y otra parte que no integrará el trámite liquidatorio tales como las obligaciones y bienes adquiridos con posterioridad a la fecha de la apertura del procedimiento.

¿En qué casos se puede solicitar un Procedimiento De Liquidación Patrimonial De Persona Natural No Comerciante?

En la práctica realmente el inicio del Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No Comerciante no se realiza mediante solicitud tal y como si lo requiere el trámite de negociación de deudas o el trámite de convalidación de acuerdos privados, ya que este trámite es consecuencia directa de los siguientes eventos descritos en el artículo 563 del CGP:

  1. Por fracaso de la negociación del acuerdo de pago.
  2. Como consecuencia de la nulidad del acuerdo de pago o de su reforma, declarada en el trámite de impugnación previsto en este Título.
  3. Por incumplimiento del acuerdo de pago que no pudo ser subsanado en los términos del artículo 560.

En los eventos anteriores, de oficio el conciliador ante los eventos previstos en el numeral 1 y 3 deberá presentar a reparto los documentos ante un juez civil municipal de reparto para que obligatoriamente se de inicio al Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No comerciante y en el evento contemplado en el segundo numeral, es el juez mismo el que de oficio deberá decretar el inicio del procedimiento.

¿Cuando fracasa la negociación de un acuerdo de pago?

Como veíamos anteriormente, un acuerdo de pago es la consecuencia que se quiere luego del llamado tramite de negociación de deudas, el cual como indicábamos se realiza ante un centro de conciliación especializado o una notaría. Como exponíamos, para obtener el acuerdo de pago se requiere de la votación mayoritaria de los acreedores y si ello no es posible, ya sea por falta de quórum o porque no se pudo obtener dicha votación positiva después de las negociaciones, y pasados los términos consagrados en la Ley, se entenderá fracasada la negociación.

¿Cuando hay nulidad de un acuerdo de pago?

El artículo 557 del CGP indica que son causales de nulidad y por ende de impugnación del acuerdo las siguientes:

  1. Cuando el acuerdo contenga cláusulas que violen el orden legal de prelación de créditos, sea porque alteren el orden establecido en la Constitución y en la ley o dispongan órdenes distintos de los allí establecidos, a menos que hubiere mediado renuncia expresa del acreedor afectado con la respectiva cláusula.
  2. Cuando el acuerdo contenga cláusulas que establezcan privilegios a uno o algunos de los créditos que pertenezcan a una misma clase u orden, o de alguna otra manera vulneren la igualdad entre los acreedores, a menos que hubiere mediado renuncia expresa del acreedor afectado con la respectiva cláusula.
  3. Cuando el acuerdo no comprenda a todos los acreedores anteriores a la aceptación de la solicitud.
  4. Cuando el acuerdo contenga cualquier otra cláusula que viole la Constitución o la ley.

Con base en estas causales, los acreedores disidentes deberán impugnar el acuerdo en la misma audiencia en que este se haya votado. El impugnante sustentará su inconformidad por escrito ante el conciliador dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia, allegando las pruebas que pretenda hacer valer, so pena de ser considerada desierta. Vencido este término, correrá uno igual para que el deudor los demás acreedores se pronuncien por escrito sobre la sustentación y aporten las pruebas documentales a que hubiere lugar. Los escritos presentados serán remitidos de manera inmediata por el conciliador al juez, quien resolverá de plano sobre la impugnación.

Si el juez no encuentra probada la nulidad, o si esta puede ser saneada por vía de interpretación, así lo declarará en la providencia que resuelva la impugnación y devolverá las diligencias al conciliador para que se inicie la ejecución del acuerdo de pago. En caso contrario el juez declarará la nulidad del acuerdo, expresando las razones que tuvo para ello y lo devolverá al conciliador para que en un término de diez (10) días se corrija el acuerdo. Si dentro de dicho plazo el acuerdo se corrige con el cumplimiento de los requisitos para su celebración, el conciliador deberá remitirlo inmediatamente al juez para su confirmación. En caso de que el juez lo encuentre ajustado, procederá a ordenar su ejecución.

En el evento que el acuerdo no fuere corregido dentro del plazo mencionado el conciliado informará de dicha circunstancia al juez para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial y remitirá las diligencias. De igual manera, habrá lugar al decreto de liquidación patrimonial cuando pese a la corrección, subsistan las falencias que dieron lugar a la nulidad.

¿Quién puede impugnar el acuerdo?

El acuerdo como señalábamos, puede ser impugnado por los acreedores disidentes, es decir los que no estén de acuerdo, siempre y cuando hayan asistido a la audiencia de negociación de deudas

¿Cuando se entiende que hay incumplimiento de un acuerdo de pago?

Si el deudor, luego de hacer un acuerdo de pago, no cumple con lo pactado en el mismo y pese a haber hecho a la audiencia de incumplimiento no hay fórmula de arreglo para modificar el acuerdo o ponerse al día con sus obligaciones, se entenderá que el deudor incumplió el acuerdo y deberá remitirse el tramite a un juez civil municipal del domicilio del deudor para que adelante al liquidación patrimonial.

¿Quién solicita la apertura de un procedimientos de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante? 

Realmente no es necesario solicitar este procedimiento ya que se surte de manera automática y es deber del juez o el conciliador hacer que este se ponga en marcha.

el parágrafo del artículo 563 del CGP lo confirma cuando indica que “Cuando la liquidación patrimonial se dé como consecuencia de la nulidad o el incumplimiento del acuerdo de pago, el juez decretará su apertura en el mismo auto en que declare tales situaciones. En caso de fracaso de la negociación, el conciliador remitirá las actuaciones al juez, quien decretará de plano la apertura del procedimiento liquidatorio.”

 

¿Qué contiene la providencia de apertura del Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona natural no Comerciante?

Para poder dar inicio al Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona natural no Comerciante siempre se requiere que el juez del concurso, es decir un juez civil municipal del domicilio del deudor se pronuncie mediante una providencia judicial en la que decrete la apertura del trámite, en dicha providencia según el Artículo 564 del CGP se ordenará lo siguiente:

  1. El nombramiento del liquidador y la fijación de sus honorarios provisionales
  2. La orden al liquidador para que dentro de los cinco (5) días siguientes a su posesión notifique por aviso a los acreedores del deudor incluidos en la relación definitiva de acreencias y al cónyuge o compañero permanente, si fuere el caso, acerca de la existencia del proceso y para que publique un aviso en un periódico de amplia circulación nacional en el que se convoque a los acreedores del deudor, a fin de que se hagan parte en el proceso.
  3. La orden al liquidador para que dentro de los veinte (20) días siguientes a su posesión actualice el inventario valorado de los bienes del deudor.
  4. Oficiar a todos los jueces que adelanten procesos ejecutivos contra el deudor para que los remitan a la liquidación, incluso aquellos que se adelanten por concepto de alimentos.
  5. La prevención a todos los deudores del concursado para que sólo paguen al liquidador advirtiéndoles de la ineficacia de todo pago hecho a persona distinta.

 

¿En cuanto pueden fijarse los honorarios del liquidador? Quién debe pagar dichos honorarios?

Realmente no hay criterios claros sobre la fijación de honorarios provisionales del liquidador, sin embargo se puede remitir a la fijación de los honorarios de los auxiliares de la justicia, ya que no es posible aplicar la analogía de las normas las tarifas del Régimen de Insolvencia Empresarial, en razón a que la Norma solamente hace mención a las obligaciones y responsabilidad disciplinaria del liquidador en el Artículo 46 del Decreto 2677 de 2012, en donde se indica que en lo pertinente al régimen de sanciones y cesación de funciones se deberán someter a los liquidadores a lo preceptuado por el Decreto 962 de 2009, por lo que para la fijación de los honorarios provisionales y definitivos del liquidador deberá someterse a las reglas generales para los auxiliares e la Justicia.

En cuanto al pago de los honorarios del liquidador, debemos centrarnos en la naturaleza de este tipo de procedimientos y ello implica que los gastos propios del proceso y en especial los honorarios del liquidador deberán ser cubiertos por los activos del deudor al momento del inicio de del procedimiento liquidatorio por ser este tipo de remuneración para este auxiliar de la justica un gasto de administración, que tendrá preferencia sobre los órdenes de prelación legal para el pago y por ende sobre todas las acreencias ciertas adicionales.

No obstante lo anterior, existe una posición que indica que como el Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No Comerciante se aplica sobre una porción del patrimonio, es decir el integrado por activos y pasivos hasta el momento de la apertura del trámite mediante al providencia de inicio, los honorarios provisionales y definitivos se entenderán como una obligación legal posterior y por ende deberá ser atendido por el deudor con sus activos que estuvieren fuera de la masa liquidatoria, es decir, por aquellos integrados con posterioridad al inicio del procedimiento de liquidación, por lo que está en posición en liquidador de solicitar en embargo y secuestro de los bienes y salarios o ingresos del deudor para el pago de sus honorarios, por lo que siempre atendiendo la necesidad de remunerar adecuadamente la labor y responsabilidades del liquidador, recomendamos que se paguen dichos honorarios por parte del deudor para que así se pueda tener mejor control del proceso y que este se desarrolle adecuadamente.

Como se realiza la actualización de los inventarios? 

Como para poder realizar la solicitud de inicio del procedimiento de negociación de deudas que es siempre el prerrequisito para que se inicie un Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No Comerciante, en dicha solicitud se debe haber presentado un inventario de activos y de pasivos del deudor, y en dicha relación de activos o bienes se deberá expresar el valor y especificaciones que permitan identificar cada bien, el Liquidador tendrá en cuenta dicho inventario que ha sido entregado bajo la gravedad del juramento por parte del deudor y realizar su actualización, que no solo consiste en limitarse a transcribir lo relacionado por el deudor sino que su labor se extiende también a revisar si el valor indicado para cada bien, sus características y condiciones son las correctas o si deben ser modificadas. Ello implicará que en algunos casos se deban efectuar avalúos que pueden ser solicitados al despacho mediante el nombramiento de un perito o la contratación de avaluadores independientes que soporten la actualización.

El artículo 564 prevé que para inmuebles y automotores y con el fin de facilitar la labor del liquidador que para inmuebles el avalúo el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), o mediante dictamen pericial y para vehículos automotores el valor será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento o también podrá ser el precio que figure en publicación especializada, siempre que al valor asignado se le soporte con una copia informal de la página respectiva.

Las reglas anteriores, indican que el liquidador siguiendo el mandato legal deberá buscar el mejor aprovechamiento de los activos del deudor para el pago del pasivo y si ello implica que ante una evidente diferencia entre el valor comercial y el valor catastral o de base de impuestos, pueda solicitar un avalúo mediante perito.

Cual es el procedimiento para realizar la notificación a los acreedores y al cónyuge o compañero permanente?

El artículo 564 del CGP indica que dentro de la providencia de apertura se ordenará al liquidador que notifique a los acreedores incluidos en la relación definitiva de acreencias, es decir aquella que posterior a la etapa de objeciones quedó en firme y adicionalmente al cónyuge del deudor que se relacionó en la solicitud de apertura del trámite de negociación de deudas. Sin embargo el CGP ordena que dicha notificación debe ser realizado por aviso, por lo que requiere la formalidad del artículo 292 del CGP que procederemos a exponer a continuación.

  1. Se deberá elaborar por parte del Liquidador un Aviso en los términos del citado artículo 292 que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.
  2. El aviso deberá ir acompañado de copia informal de la providencia que da apertura a la liquidación patrimonial.
  3. El deberá ser remitido a través de servicio postal autorizado a la misma dirección que haya relacionado el deudor. Sin embargo consideramos que en tratándose de direcciones de notificación conocidas por los registros públicos tal como el registro mercantil u otros, puede enviarse a la dirección que el liquidador considere que surtirá efectos y cumplirá su función.
  4. La empresa de servicio postal autorizado expedirá constancia de haber sido entregado el aviso en la respectiva dirección, la cual se incorporará al expediente, junto con la copia del aviso debidamente cotejada y sellada.
  5. Cuando se conozca la dirección electrónica del acreedor deba ser notificado, ya sea porque el deudor lo ha indicado en su relación e acreedores, el aviso y la providencia que se notifica podrán remitirse por el Secretario o el liquidador por medio de correo electrónico. Esto es particularmente útil por cuanto en casi todos los procesos liquidatorios existen entidades financieras y cooperativas que tienen correo electrónico de notificación y le permite al liquidador ahorrarle al proceso gastos de notificación, que en principio deben ser asumidos de su peculio para poder cumplir con lo ordenado por el juzgado, ya que la norma es de obligatorio en cuanto a la notificación de la providencia de apertura dentro de los 5 días siguientes a su posesión como liquidador.
  6. Si se remite los avisos por vía electrónica, Se presumirá que el destinatario ha recibido el aviso cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se deberá dejar constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos.

De igual forma ordena el citado artículo 564 ordena que se deberá publicar un aviso en un periódico de amplia circulación nacional en el que se convoque a los acreedores del deudor, a fin de que se hagan parte en el proceso. Ello también se entenderá cumplido con la inscripción de la providencia en el Registro Nacional de Personas Emplazadas que actualmente se encuentra en operación.

¿Que sucede con los procesos ejecutivos en curso contra el deudor en el Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No Comerciante ?

La providencia de apertura del Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No Comerciante deberá siempre contener la orden de Oficiar a todos los jueces que adelanten procesos ejecutivos contra el deudor para que los remitan a la liquidación obligándose esta incorporación a realizarse antes del traslado para objeciones de los créditos, so pena de ser considerados estos créditos como extemporáneos.

Ello implica que en este punto se requiere una actividad por parte del liquidador, el deudor y el acreedor. Por parte del deudor se impone la obligación de informar los procesos que cursan en su contra, sean ejecutivos o de alimentos; del acreedor de mantener informado al juez del concurso sobre los procesos que haya iniciado en contra del deudor y por parte del liquidador de realizar un monitoreo permanente sobre los procesos que se inicien o continúen antes, durante y después del trámite de liquidación.

Es conocido que de conformidad con el artículo 545 del CGP, a partir de la aceptación de la solicitud de trámite de negociación de deudas No podrán iniciarse nuevos procesos ejecutivos, de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, o de jurisdicción coactiva contra el deudor y se suspenderán los procesos de este tipo que estuvieren en curso al momento de la aceptación. Esta disposición implica dos tipos de órdenes: primero que los procesos ejecutivos, de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, o de jurisdicción coactiva contra el deudor que estuvieren en curso, hayan sido relacionados o no por el deudor, deberán incorporarse al trámite de liquidación patrimonial y segundo, que los procesos ejecutivos, de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, o de jurisdicción coactiva contra el deudor que se hubieren iniciado posteriormente se encuentran viciados de nulidad desde el mismo momento del mandamiento de pago o providencia similar, dice la norma que en presencia de este tipo de violaciones a la norma, el deudor podrá alegar la nulidad del proceso ante el juez competente, para lo cual bastará presentar copia de la certificación que expida el conciliador sobre la aceptación al procedimiento de negociación de deudas.

En el marco de un Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No Comerciante, podemos encontrar procesos ejecutivos, de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, o de jurisdicción coactiva contra el deudor iniciados con posterioridad a la apertura del trámite de negociación de deudas, o que no hubieren sido suspendidos de conformidad con el artículo 545 del CGP, en esos casos estamos frente a dos posibilidades, que el deudor alegue nulidad de lo actuado para producir la terminación o real suspensión de los procesos, o que estos se incorporen al proceso de liquidación tal y como ordenan los artículos 564 y 565 del CGP, para que sean dentro del procedimiento liquidatorio que se ordenen las nulidades correspondientes. Creemos que la solución mas adecuada es la ordenar la incorporación de dichos procesos dado que es lo que dispone el numeral 4 del artículo 564 y el numeral 7 del artículo 565 del CGP. Sin embargo es obligación del deudor de manera directa que antes de la apertura de la liquidación se solicite la nulidad de las actuaciones en contravía de lo ordenado por el artículo 545 y posteriormente sea tanto el deudor o el liquidador quienes de manera individual soliciten las correspondientes nulidades.

Hay que aclarar que no es procedente la incorporación de los procesos de restitución de tenencia cuando se ha aperturado el trámite liquidatorio patrimonial por expresa orden del parágrafo del artículo 565, toda vez que en virtud de dicha disposición, Los procesos de restitución de tenencia contra el deudor continuarán su curso. Los créditos insolutos que dieron origen al proceso de restitución se sujetarán a las reglas de la liquidación.

Frente a la obligación de relacionar en la solicitud de insolvencia por parte del deudor, recordemos que este solamente podrá estar obligado a relacionar los procesos que legalmente tenga conocimiento y ello es cuando haya sido formalmente notificado del contenido de la demanda bajo las reglas del CGP (art. 289 a 301 CGP). Recordemos que el acto de comunicación procesal por excelencia es la notificación bajo sus diferentes clases y si esta no se ha realizado, no se puede endilgar la responsabilidad al deudor de relacionar una acción ejecutiva, de alimentos o coactiva por cuanto no puede asegurarse que el deudor de la existencia de una acción en su contra.

Es importante mencionar que Los procesos ejecutivos que se incorporen a la liquidación patrimonial, estarán sujetos a la suerte de la misma y cuando se hayan formulado excepciones de mérito sin que se hubieren decidido, estas se considerarán objeciones y serán resueltas por el juez del concurso en la etapa correspondiente.

De igual forma cabe indicar que para el caso de codeudores, avalistas o cualquier clase de garante de las obligaciones del deudor en liquidación patrimonial, el acreedor seguirá conservando la llamada “reserva de solidaridad”, que le permite continuar los procesos ejecutivos en contra de estos terceros vinculados aún cuando el deudor esté adelantando el proceso liquidatorio.

¿Que sucede con los procesos de restitución que estuvieren suspendidos por causa del trámite de negociación de deudas al momento de inicial la liquidación patrimonial?

Los procesos de restitución es decir aquellos que tienen que ver con arrendamientos o similares a cargo del deudor, seguirán su curso una vez se haya iniciado el procedimiento de liquidación patrimonial y los créditos o sumas de dinero adeudadas por concepto de cánones de arrendamiento o similares se sujetarán al proceso de liquidación.

¿Que sucede con las medidas cautelares decretadas en los procesos ejecutivos, de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, o de jurisdicción coactiva contra el deudor?

Como se había mencionado, una de las ordenes y los efectos de la providencia de apertura de la liquidación patrimonial es que se ordena la remisión de todos los procesos ejecutivos que estén siguiéndose contra el deudor, incluso los que se lleven por concepto de alimentos. Este tipo de procesos por su naturaleza propia contienen dentro de su estructura la solicitud de medidas cautelares contra los bienes del deudor y estas medidas deberán correr la misma suerte que el proceso de donde provienen, es decir, ser remitidas y puestas a disposición del juez que conoce de la liquidación patrimonial. Recuérdese que estos procesos y las medidas cautelares vinculadas, deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos, so pena de extemporaneidad que significará que serán legalmente postergadas para el pago aún cuando se hayan relacionado debidamente por el deudor en la solicitud de trámite de negociación de deudas, lo que impone una carga al juez que conoce de este tipo de procesos y al acreedor que a sabiendas de la existencia del proceso concursal haya omitido notificar al juzgado de la existencia del mismo o al menos al conciliador dentro del trámite de negociación de deudas.

Que sucede con las obligaciones alimentarias y los procesos ejecutivos alimentarios en curso?

Como habíamos mencionado, uno de los efectos de la apertura del trámite liquidatorio patrimonial es el de obligar la remisión de todos los procesos ejecutivos del deudor, inclusive aquellos que se adelanten por concepto de alimentos. Este tipo de procesos ejecutivos alimentarios escapan de la regla general dispuesta para el plazo de incorporación anterior a la resolución de objeciones so pena de extemporaneidad.

Tampoco se aplica estando en curso el trámite de negociación de deudas se podrá ordenar la suspensión de los procesos ejecutivos alimentarios que se encuentren en curso al momento de aceptarse la solicitud del procedimiento de negociación de deudas, los cuales continuarán adelantándose conforme al procedimiento previsto en la ley, sin que sea procedente decretar su suspensión ni el levantamiento de las medidas cautelares. (art. 546 CGP) por lo que en caso de llegar a desembargarse bienes o de quedar un remanente del producto de los embargados o subastados dentro del proceso ejecutivo de alimentos, estos serán puestos a disposición del deudor y se informará de ello al conciliador que tenga a su cargo el procedimiento de negociación de deudas. Queda la duda

De igual forma, tampoco se aplica cuando se trate de obligaciones alimentarias a favor de menores la prohibición al deudor de hacer pagos, compensaciones, daciones en pago, arreglos desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliaciones o transacciones sobre obligaciones anteriores a la apertura de la liquidación, ni sobre los bienes que a dicho momento se encuentren en su patrimonio, ya que estas obligaciones pueden ser pagadas en cualquier momento y solamente deberá informársele de dichos pagos al liquidador y al juez del concurso.

Frente al orden de prelación legal para el pago según el numeral 3 del artículo 565, las obligaciones de carácter alimentario a favor de los hijos menores tendrán prelación sobre todas las demás.

Que sucede con las obligaciones tributarias adeudadas?

No hay diferenciación entre las obligaciones tributarias y las demás acreencias, salvo el caso de las obligaciones por alimentos a favor de menores de edad, por lo que no se le conceden preferencias diferentes a las contenidas en el orden de prelación legal de créditos para el pago de las obligaciones.

Cuales son las consecuencias de no incorporar los procesos ejecutivos en el proceso de liquidación?

La incorporación deberá darse antes del traslado para objeciones de los créditos so pena de ser considerados estos créditos como extemporáneos. No obstante, la extemporaneidad no se aplicará a los procesos por alimentos.

¿Qué sucede si se hace cualquier pago a persona diferente del liquidador?

Cualquier pago que realice un deudor de la persona natural no comerciante que se encuentra en liquidación patrimonial deberá realizarlo como lo dispone el artículo 564 numeral 5 directamente al liquidador, para que integre la masa de activos que servirán para el pago de los gastos del proceso, y las acreencias a favor de los acreedores.

No sobra advertir que los pagos a los que hace mención la norma es sobre obligaciones generadas con anterioridad a la apertura del trámite liquidatorio y que hacen parte del patrimonio a liquidar, por lo que las generadas con posterioridad a la apertura del trámite deberán ser pagadas al deudor concursado.

¿Cuáles son los efectos de la providencia de apertura del Procedimiento de Liquidación Patrimonial de Persona Natural No Comerciante?

En términos generales los principales efectos de la providencia de apertura de la liquidación patrimonial son los siguientes: 

  1. La prohibición al deudor de hacer pagos, compensaciones, daciones en pago, arreglos desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliaciones o transacciones sobre obligaciones anteriores a la apertura de la liquidación, ni sobre los bienes que a dicho momento se encuentren en su patrimonio.
  2. La atención de las obligaciones se hará con sujeción a las reglas del concurso.
  3. Cuando se trate de obligaciones alimentarias a favor de los hijos menores, estas podrán ser satisfechas en cualquier momento, dando cuenta inmediata de ello al juez y al liquidador.
  4. Los pagos, compensaciones, daciones en pago, arreglos desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliaciones o transacciones sobre obligaciones anteriores a la apertura de la liquidación, o sobre los bienes que a dicho momento se encuentren en su patrimonio serán ineficaces de pleno derecho.
  5. Los bienes del deudor serán destinados de manera exclusiva a pagar las obligaciones anteriores al inicio del procedimiento de liquidación patrimonial. Los bienes que el deudor adquiera con posterioridad sólo podrán ser perseguidos por los acreedores de obligaciones contraídas después de esa fecha.
  6. Se incorporarán a la liquidación todas las obligaciones a cargo del deudor que hayan nacido con anterioridad a la providencia de apertura.
  7. Las obligaciones de carácter alimentario a favor de los hijos menores tendrán prelación sobre todas las demás.
  8. Los gastos de administración del procedimiento de negociación de deudas se pagarán de preferencia sobre las acreencias incorporadas en la relación definitiva de acreedores que se hubiere elaborado en este.
  9. La masa de los activos del deudor que será objeto de liquidación se integrará por los bienes y derechos de los cuales el deudor sea titular al momento de la apertura de la liquidación patrimonial.
  10. No se contarán dentro de la masa de la liquidación los activos los bienes propios de su cónyuge o compañero permanente, ni aquellos sobre los cuales haya constituido patrimonio de familia inembargable, los que se hubieren afectado a vivienda familiar, así como aquellos que tengan la condición de inembargables.
  11. Se interrumpirá del término de prescripción y se hará inoperante la caducidad de las acciones respecto de las obligaciones a cargo del deudor que estuvieren perfeccionadas o sean exigibles desde antes del inicio del proceso de liquidación.
  12. Se harán exigibles todas las obligaciones a plazo a cargo del deudor. Sin embargo, la apertura del proceso de liquidación patrimonial no conllevará la exigibilidad de las obligaciones respecto de sus codeudores solidarios.
  13. Se deberán remitir al juez del concurso de todos los procesos ejecutivos que estén siguiéndose contra el deudor, incluso los que se lleven por concepto de alimentos. Las medidas cautelares que se hubieren decretado en estos sobre los bienes del deudor serán puestas a disposición del juez que conoce de la liquidación patrimonial.
  14. Los procesos ejecutivos que se incorporen a la liquidación patrimonial, estarán sujetos a la suerte de esta y deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos, so pena de extemporaneidad. Cuando en el proceso ejecutivo no se hubiesen decidido aún las excepciones de mérito propuestas, estas se considerarán objeciones y serán resueltas como tales.
  15. En los procesos ejecutivos que se sigan en contra de codeudores o cualquier clase de garante podrán continuar su curso.
  16. Se terminarán los contratos de trabajo respecto de aquellos contratos en los que tuviere el deudor la condición de empleador, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, sin que sea necesaria la autorización administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les correspondan.
  17. Habrá preferencia de las normas del proceso de liquidación patrimonial sobre cualquier otra que le sea contraria.
  18. Los procesos de restitución de tenencia contra el deudor continuarán su curso, pero los créditos insolutos que dieron origen al proceso de restitución se sujetarán a las reglas de la liquidación.

¿Cuales son las consecuencias de hacer pagos dentro del procedimientos de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante?

Como se mencionaba previamente, los pagos, compensaciones, daciones en pago, arreglos desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliaciones o transacciones sobre obligaciones anteriores a la apertura de la liquidación, o sobre los bienes que a dicho momento se encuentren en su patrimonio serán ineficaces de pleno derecho.

¿Es posible adquirir bienes y contraer obligaciones con posterioridad al inicio del procedimiento de liquidación patrimonial?

Como ya se había fundamentado de manera extensa y bajo la expresa autorización del artículo 565, los bienes que el deudor adquiera con posterioridad a la apertura de la liquidación patrimonial, solo podrán ser perseguidos por acreedores de obligaciones contraídas con posterioridad a la fecha de apertura de la liquidación. Ello implica que el deudor puede realmente recomponer su patrimonio dado que se le permite adquirir bienes y contraer obligaciones aún cuando no haya finalizado la liquidación patrimonial sin que estos se deban incorporar al procedimiento.

¿Cuándo debe un acreedor presentarse al trámite de liquidación patrimonial?

El artículo 566 del CGP ordena que desde la providencia de apertura y 20 días hábiles después de publicarse el aviso en prensa o en el registro de personas emplazadas, los acreedores que no hubieren sido parte del procedimiento de negociación de deudas pueden presentar sus acreencias. Dicha presentación deberá realizarse de manera personal o por apoderado judicial soportando su crédito mediante prueba siquiera sumaria.

¿Cómo es el trámite de objeciones dentro del procedimiento de liquidación patrimonial?

Una vez haya culminado el término para la presentación de acreencias el juez del concurso, mediante un auto que no admite recursos, correrá traslado de los escritos recibidos por un término de cinco días, para que los acreedores y el deudor presenten objeciones y acompañen las pruebas que pretendan hacer valer.

Vencido el término de cinco días hábiles para presentar objeciones por parte del deudor y los acreedores diferentes del que presenta la acreencia, correrán otros cinco días hábiles para que se contradigan las objeciones que se hayan presentado y se aporten las pruebas a que hubiere lugar.

El juez resolverá sobre las objeciones presentadas en el auto que cite a audiencia de adjudicación.

Como es lógico, si hubieren acreedores que fueron incluidos en el procedimiento de negociación de deudas, es decir que fueron relacionados y debidamente citados se tendrán reconocidos en la clase, grado y cuantía dispuestos en la relación definitiva de acreedores, lo que no les permitirá objetar los créditos que hubieren sido objeto de la negociación, pero sí podrán contradecir las nuevas reclamaciones que se presenten durante el procedimiento de liquidación patrimonial.

¿Hay alguna forma de contradecir los inventarios y los avalúos?

El artículo 567 del CGP permite que el juez corra traslado a las partes por diez días hábiles de los inventarios y avalúos presentados por el liquidador, ello para que presenten observaciones y alleguen un avalúo diferente si lo estimen pertinente.

Si existen observaciones se correrá traslado a las demás partes interesadas por el término de cinco días hábiles para que se pronuncien sobre las observaciones presentadas. Posteriormente el juez resolverá sobre los inventarios y avalúos en el mismo auto que cita a audiencia de adjudicación.

¿Qué contiene entonces la providencia que cita a audiencia de adjudicación?

Una vez surtido el trámite de presentación de créditos no incluidos en el trámite de negociación de deudas, de objeciones a las mismas y observaciones a los avalúos e inventarios, el juez en un mismo auto resolverá lo siguiente:

  1. Sobre los créditos presentados y las objeciones que se hubieren propuesto contra ellos.
  2. Sobre los inventarios y avalúos presentados por el liquidador y las observaciones que se hubieren formulado frente a ellos.
  • Se citará a audiencia de adjudicación dentro de los veinte (20) días siguientes.
  1. Se ordenará al liquidador que elabore un proyecto de adjudicación dentro de los diez (10) días siguientes. El proyecto de adjudicación permanecerá en secretaría a disposición de las partes interesadas, quienes podrán consultarlo antes de la celebración de la audiencia.

 

¿Existe la posibilidad que dentro del trámite de liquidación patrimonial se pueda llegar a una acuerdo con los acreedores?

Establece el artículo 569 del CGP que en cualquier momento de la liquidación y antes de la celebración de la audiencia de adjudicación el deudor y un número plural de acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento del monto total de las obligaciones incluidas en el proceso, o en su defecto de las que consten en la relación definitiva de acreencias de la negociación, podrán celebrar un acuerdo resolutorio dentro de la liquidación patrimonial reuniendo los mismos requisitos del artículo 553 y 554 es decir, los siguientes requisitos de fondo y de forma:

  1. El acuerdo deberá ser presentado por escrito, y su aceptación de igual forma al juez del concurso. En este caso no aplicaría por lógica que fuere realizado en audiencia de negociación de deudas por cuanto lo que se pretende es presentar un acuerdo pactado entre el deudor y sus acreedores fuera del trámite liquidatorio y no sería posible
  2. Deberá ser aprobado por dos o más acreedores que representen más del cincuenta por ciento (50%) del monto total del capital de la deuda y deberá contar con la aceptación expresa del deudor.
  3. Debe comprender a la totalidad de los acreedores objeto de la negociación.
  4. Podrá versar sobre cualquier tipo de obligación patrimonial contraída por el deudor, incluidas aquellas en las que el Estado sea acreedor.
  5. Si el acuerdo involucra actos jurídicos que afecten bienes sujetos a registro, se inscribirá copia del acta contentiva del acuerdo, sin que sea necesario el otorgamiento de escritura pública.
  6. Podrá disponer la enajenación de los bienes del deudor que estuvieren embargados en los procesos ejecutivos suspendidos, para lo cual el deudor solicitará el levantamiento de la medida cautelar, allegando el acta que lo contenga.
  7. Todos los créditos estatales estarán sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo para los demás créditos y no se aplicarán respecto de los mismos las disposiciones especiales existentes. Sin embargo tratándose de créditos fiscales, el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen condonación o rebajas por impuestos, tasas o contribuciones, salvo en los casos que lo permitan las disposiciones fiscales.
  8. Respetará la prelación y privilegios señalados en la ley y dispondrá un mismo trato para todos los acreedores que pertenezcan a una misma clase o grado.
  9. En ningún caso el acuerdo de pagos implicará novación de obligaciones, salvo pacto en contrario aceptado de manera expresa por el deudor y por cada acreedor de manera individual o por la totalidad de acreedores.
  10. No podrá preverse en el acuerdo celebrado entre el deudor y sus acreedores ni en sus reformas un plazo para la atención del pasivo superior a cinco (5) años contados desde la fecha de celebración del acuerdo, salvo que así lo disponga una mayoría superior al sesenta por ciento (60%) de los créditos o que originalmente la obligación hubiere sido pactada por un término superior.
  11. El acuerdo deberá contener la forma en que serán atendidas las obligaciones objeto del mismo, en el orden de prelación legal de créditos.
  12. El acuerdo deberá contener los plazos en días, meses o años en que se pagarán las obligaciones objeto de la negociación.
  13. El acuerdo deberá contener el régimen de intereses al que se sujetarán las distintas obligaciones, y en caso de que así se convenga, la condonación de los mismos.
  14. En caso de que se pacten daciones en pago, el acuerdo deberá contener la determinación de los bienes que se entregarán y de las obligaciones que se extinguirán como consecuencia de ello.
  15. El acuerdo deberá contener la relación de los acreedores que acepten quitas o daciones en pago.
  16. En caso de daciones en pago, el acuerdo deberá contener sustitución o disminución de garantías se requerirá el consentimiento expreso del respectivo acreedor, al igual que en aquellos casos en que se rebaje el capital de la obligación.
  17. El acuerdo deberá contener el término máximo para su cumplimiento.

Una vez que se haya presentado ante el juez que conoce de la liquidación patrimonial, este verificará su legalidad teniendo en cuenta lo siguiente:

  • Que No contenga cláusulas que violen el orden legal de prelación de créditos, sea porque alteren el orden establecido en la Constitución y en la ley o dispongan órdenes distintos de los allí establecidos, a menos que hubiere mediado renuncia expresa del acreedor afectado con la respectiva cláusula.
  • Que no contenga cláusulas que establezcan privilegios a uno o algunos de los créditos que pertenezcan a una misma clase u orden, o de alguna otra manera vulneren la igualdad entre los acreedores, a menos que hubiere mediado renuncia expresa del acreedor afectado con la respectiva cláusula.
  • Que No comprenda a todos los acreedores anteriores a la aceptación de la solicitud.
  • Que No contenga cualquier otra cláusula que viole la Constitución o la ley.

Si el juez considera que el acuerdo no cumple con los requisitos de legalidad, ordenará que se continúe la liquidación. No obstante, consideramos que no hay ningún impedimento para presentar solicitudes de acuerdo resolutorio las veces que se consideren necesarias siempre y cuando se presenten dentro del término concedido por la Ley.

Si el juez aprueba el acuerdo, en el mismo auto que lo apruebe, ordenará la suspensión de la liquidación durante el término previsto para su cumplimiento.

Si el acuerdo debidamente aprobado se incumple por el deudor, se deberá denunciar su incumplimiento al juez informando de las circunstancias del incumplimiento, una vez recibido el escrito este deberá citar a audiencia de incumplimiento audiencia a fin de revisar y estudiar por una sola vez la reforma del acuerdo de pago. En dicha audiencia el juez deberá indagar en primer término a los acreedores sobre la conformidad en torno a la actualización de la relación definitiva de acreedores. Si existieren discusiones con relación a las acreencias se dará aplicación a las reglas previstas para las objeciones dentro del trámite de negociación de deudas. Posteriormente se someterá a consideración la propuesta de modificación que presente el deudor, dicha modificación deberá ser aprobada por el deudor y los acreedores que representen al menos una cuarta parte de los créditos insolutos. Dicha audiencia se realizará en una sola audiencia sin tener posibilidad de suspensiones.

Si en la audiencia se presentaren diferencias en torno a la ocurrencia de los eventos de incumplimiento del acuerdo, y estas no fueren conciliadas, el juez dispondrá la suspensión de la audiencia, para que quien haya alegado el incumplimiento lo formule por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes, junto con la sustentación del mismo y las pruebas que pretenda hacer valer. Vencido este término, correrá uno igual para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre el incumplimiento alegado y aporten las pruebas a que hubiere lugar. Los escritos presentados al juez resolverá de plano sobre el asunto del incumplimiento o no, mediante auto que no admite ningún recurso.

Si al cabo de la audiencia de reforma no se modifica el acuerdo, o si pactada la modificación el deudor incumple nuevamente, el juez del concurso ordenará que se reanude el proceso de liquidación patrimonial.

 

¿Qué compone la masa de liquidación en un proceso de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante?

Como habíamos hecho mención previamente, la masa de liquidación será compuesta por los activos que el deudor tuviere hasta el momento de la apertura del proceso de liquidación patrimonial y ello servirá para atender las obligaciones dinerarias que el deudor tuviere hasta ese mismo momento. Sin embargo, por expreso mandato legal (art. 565 num. 4) se excluyen de esta masa los siguientes bienes:

  • Los bienes propios de su cónyuge o compañero permanente,
  • Los bienes sobre los cuales el deudor haya constituido patrimonio de familia inembargable, los que se hubieren afectado a vivienda familiar,
  • Los bienes que tengan la condición de inembargables.

¿Cuales son los bienes inembargables en Colombia?

Como bienes inembargables podemos enumerar por regla general los siguientes:

  • Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.
  • Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios.
  • Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.
  • Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.
  • Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.
  • Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
  • Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.
  • Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.
  • Los uniformes y equipos de los militares.
  • Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos.
  • Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.
  • El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus veces, y los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, la nevera y los demás muebles necesarios para la subsistencia del afectado y de su familia, o para el trabajo individual, salvo que se trate del cobro del crédito otorgado para la adquisición del respectivo bien. Se exceptúan los bienes suntuarios de alto valor.
  • El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1) mes, a criterio del juez.
  • Los derechos personalísimos e intransferibles.
  • Los derechos de uso y habitación.
  • Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a menos que la medida comprenda la aprehensión del título.
  • Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

Los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales que para este caso podríamos señalar, aquellos que tácitamente no derogó el Código General del Proceso del artículo 1677 del Código Civil, ya que la enunciación de dichos bienes inembargables por el CGP es meramente enunciativa y no taxativa y por tanto quedarían protegidos de inembargabilidad los siguientes:

  • El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas.
  • Los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual.
  • La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. Es decir, sobre aquellos sobre los cuales se haya constituido fideicomiso civil.

¿Cuál es el tratamiento para los bienes sobre los cuales haya sido constituido patrimonio de familia o afectación a vivienda familiar en un procedimiento de insolvencia?

Siempre que un deudor solicite el trámite de negociación de deudas deberá dentro de la relación de bienes que reporta como propios (Num. 4 art. 539 CGP), aquellos sobre los cuales se haya constituido patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar (art 37 Decreto 2677 de 2012).

Sobre estos bienes el deudor podrá negociar en el trámite de negociación de deudas y disponer de los mismos siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Para bienes constituidos como patrimonio de familia inembargable: (art. 38 D. 2677/12)

  • Cuando el cónyuge o compañero permanente del deudor haya manifestado expre­samente por escrito que consiente en el acuerdo de pago que se negocia o en el acuerdo privado cuya convalidación se pretende.
  • Cuando se cuente con el consentimiento de los hijos del deudor, en caso de haberlos, expresado por el curador.
  • Cuando todos los comuneros beneficiarios del patrimonio de familia hubieren llegado a la mayoría de edad.
  • En los demás eventos en los que la ley permita el levantamiento del patrimonio de familia inembargable y la enajenación de los bienes, con el lleno de los requisitos exigidos para el efecto.

No obstante lo anterior, Cuando sobre el inmueble se haya constituido hipoteca para garantizar créditos otorgados para la adquisición, remodelación, subdivisión, reparación, mejora o construcción de la vivienda en la que se haya constituido patrimonio de familia, se respetarán la prelación y los privilegios señalados en las Leyes 9 de 1989, 3 de 1991 y 546 de 1999.

Para los bienes afectados a vivienda familiar: (art. 39 D. 2677/12)

  • Cuando el cónyuge o compañero permanente del deudor haya manifestado expre­samente por escrito que consiente en el acuerdo de pago que se negocia o en el acuerdo privado cuya convalidación se pretende.
  • Cuando el deudor cuente con autorización judicial en los demás casos previstos en el artículo4 de la Ley 258 de 1996.
  • En los demás eventos en los que la ley permita la cancelación de la afectación a vivienda familiar y la enajenación de los bienes.

No obstante lo anterior, Cuando sobre el inmueble se haya constituido hipoteca para garantizar créditos otorgados para la adquisición, remodelación, subdivisión, reparación, mejora o construcción del bien afectado a vivienda familiar, se respetarán la prelación y los privilegios señalados en la ley 258 de 1996.

¿Cuál es el manejo para los bienes constituido como patrimonio de familia inembargable o que se hubiesen afectado a vivienda familiar y las obligaciones garantizadas por estos?

En cuanto al trámite liquidatorio tanto el Artículo 565 numeral 4 del Código General del Proceso como el artículo 40 del Decreto 2677 de 2012, indican que los bienes que se hubiesen constituido como patrimonio de familia inembargable o que se hubiesen afectado a vivienda familiar están excluidos de la masa de la liquidación, sin perjuicio de los derechos que los artículos 60 de la Ley 9ª de 1989, 38 de la Ley 3ª de 1991, 7ª de la Ley 258 de 1996 y 22 de la Ley 546 de 1999 le atribuyen a los titulares de los siguientes créditos:

  1. Los que estuvieren garantizados con hipoteca constituida con anterioridad al registro de la afectación a vivienda familiar del bien.
  2. Los préstamos que se hubieren otorgado para la adquisición, construcción o mejora de los bienes afectados a vivienda familiar.
  3. Los que se hubieren otorgado para financiar la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda constituida como patrimonio de familia inembargable.

Es decir, que deberán ser dispuestos dichos bienes para el pago de las obligaciones que cumplan con cualquiera de los tres requisitos anteriores y ello implicará adjudicarlos a los acreedores de las obligaciones mencionadas en los tres eventos anteriores.

¿Cuál es el procedimiento para adjudicar los bienes sobre los cuales se ha constituido patrimonio de familia inembargable o que se hubiesen afectado a vivienda familiar?

Siempre que se presenten los eventos señalados en el artículo 40 del Decreto 2677 de 2012, se podrá autorizar la adjudicación al acreedor aún cuando el bien sea inembargable porque se ha constituido sobre este patrimonio de familia inembargable o que se hubiesen afectado a vivienda familiar y se encuentre fuera de la masa liquidatoria. Es por ello que desde un principio del deudor deberá relacionar dichos bienes en la solicitud de apertura de trámite de negociación de deudas. Luego, cuando se haya aperturado trámite liquidatorio, la Norma (Parágrafo del artículo 40 D. 2677/12) ordena que dentro de los 20 días siguientes a la posesión el liquidador deberá realizar la actualización del avalúo de los bienes, en términos del artículo 564 numeral 3 del Código General del Proceso, es decir, que deberá seguir las mismas reglas para la actualización que para el resto de los bienes, por lo que en cumplimiento de la Ley, el liquidador tomará como base la relación presentada por el deudor en la solicitud de negociación de deudas y para la actualización la fijará en el avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que considere el liquidador que este método no es idóneo para establecer su precio real.

Una vez actualizado el avalúo del inmueble, este será incluido en los inventarios y avalúos de que trata el artículo 567 del Código General del Proceso, pero como bien excluido de la masa, y será posible presentar observaciones al mismo para que posteriormente el Juez resuelva sobre el las observaciones y en general el avalúo del bien en el auto que cite a audiencia de adjudicación.

Pero ¿cuál es la razón por la que se puede adjudicar al acreedor bienes que están excluidos de la masa de la liquidación?, la respuesta a este interrogante se encuentra contenida en el Artículo 41 del Decreto 2677 de 2012, en cuanto afirma que de conformidad con previsto por el artículo 565 del Código General del Proceso, los créditos que estuvieren garantizados con hipoteca constituida con anterioridad al registro de la afectación a vivienda familiar del bien; los préstamos que se hubieren otorgado para la adquisición, construcción o mejora de los bienes afectados a vivienda familiar y los que se hubieren otorgado para financiar la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda constituida como patrimonio de familia inembargable, se harán exigibles en virtud de la apertura de la liquidación patrimonial.

Efectivamente el artículo 565 numeral 6 indica que uno de los efectos de la apertura del trámite de liquidación patrimonial será la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo del deudor. Sin embargo, la apertura del proceso de liquidación patrimonial no conllevará la exigibilidad de las obligaciones respecto de sus codeudores solidarios. Ello implica que al momento de reglamentar el CGP el ejecutivo interpretó que siendo exigibles las obligaciones a plazo y olvidando lo expresamente consagrado en el numeral 3 del mismo artículo 565 en cuanto a que el legislador indicó que uno de los efectos de la providencia de apertura al trámite liquidatorio patrimonial era “la incorporación de todas las obligaciones a cargo del deudor que hayan nacido con anterioridad a la providencia de apertura.” De tal manera que en una censura a la reglamentación del procedimiento liquidatorio, consideramos que no había permisión de interpretar de manera diferente a lo que estaba expresamente consagrado por el legislador al momento de expedir el Código General Del Proceso, norma además procesal y de orden público por lo que es de obligatorio cumplimiento y preferente en su aplicación.

Habiendo hecho la anterior crítica a la Norma, el Decreto 2677 de 2012 establece que estos bienes sobre los cuales se haya afectado a vivienda familiar o constituido patrimonio de familia, no hacen parte de la masa de liquidación, y que por ello, deberán relacionarse al inicio del trámite de negociación de deudas y posteriormente actualizarse su avalúo como ya hemos expuesto previamente. De igual forma la Norma en comento establece que en tres casos particulares y atendiendo las preferencias y privilegios en los artículos 60 de la Ley 9ª de 1989, 38 de la Ley 3ª de 1991, 7ª de la Ley 258 de 1996 y 22 de la Ley 546 de 1999 le atribuyen a los titulares los créditos que estuvieren garantizados con hipoteca constituida con anterioridad al registro de la afectación a vivienda familiar del bien; los préstamos que se hubieren otorgado para la adquisición, construcción o mejora de los bienes afectados a vivienda familiar y los que se hubieren otorgado para financiar la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda constituida como patrimonio de familia inembargable, los bienes inmuebles aún cuando sean inembargables y excluidos de la masa liquidatoria, podrán ser utilizados para el pago a dichos titulares.

Para que lo anterior sea posible y teniendo en cuenta que dichos créditos se hacen exigibles con la apertura del trámite liquidatorio, los titulares de créditos dentro de los tres casos mencionados deberán hacerse parte del procedimiento, en la oportunidad fijada en el artículo 566 del Código General del Proceso, es decir desde la apertura del procedimiento liquidatorio patrimonial y hasta el momento en que se cumplan 20 días después de haberse publicado el aviso en el diario de amplia circulación o haberse registrado la providencia de apertura en el registro de personas emplazadas y dentro de la presentación de su crédito los titulares de los créditos deberán acompañar a su solicitud prueba siquiera sumaria de la existencia del crédito reclamado y del cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 40, es decir que sean los titulares los créditos que estuvieren garantizados con hipoteca constituida con anterioridad al registro de la afectación a vivienda familiar del bien; los préstamos que se hubieren otorgado para la adquisición, construcción o mejora de los bienes afectados a vivienda familiar y los que se hubieren otorgado para financiar la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda constituida como patrimonio de familia inembargable.

Si observamos de manera restringida la Disposición Normativa, entenderíamos que para que un acreedor sea admitido como titular de acreencias especiales sobre bienes inembargables por afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia, en todos los casos debería el acreedor titular de créditos presentarse con prueba siquiera sumaria en los términos y plazos que concede el artículo 41 del Decreto 2677 de 2012, sin embargo como el mencionado artículo indica que deberá presentarse la acreencia en la forma que ordena el artículo 566 del CGP, encontramos en su parágrafo que se permite que Los acreedores que hubieren sido incluidos en el procedimiento de negociación de deudas se tendrán reconocidos en la clase, grado y cuantía dispuestos en la relación definitiva de acreedores ello permite que se podrá incluir la acreencia siempre y cuando se haya reconocido como acreedor especial y se haya soportado su condición dentro del proceso de negociación de deudas, es decir, previamente al inicio del trámite liquidatorio patrimonial, mediante prueba sumaria. Es por ello que se aconseja al acreedor especial que aporte al trámite de negociación de deudas los soportes de su acreencia y la naturaleza especial de esta para así evitar cualquier inconveniente que pueda surgir en cuanto a la incorporación de su acreencia especial y tener que ser sustraído de la adjudicación del bien que garantiza su crédito.

En conclusión a lo expuesto en las líneas precedentes, podemos decir que para el acreedor titular de créditos especiales, existen dos oportunidades de incorporarse al trámite: En la Negociación de Deudas, y en el trámite liquidatorio, en ambos casos presentando su acreencia junto con los soportes de su calidad especial. De igual forma podemos concluir que si no se solicita el reconocimiento de su calidad especial dentro del proceso liquidatorio y no ha sido reconocida esta calidad dentro del trámite de negociación de deudas, ello implicará que el bien excluido de la masa liquidatoria por su afectación a vivienda familiar o haberse constituido patrimonio de familia inembargable, no podrá ser utilizado para el pago de el crédito especial y en consecuencia, tener que ser incorporado al trámite liquidatorio como una acreencia más que pudiere solamente conservar su prelación legal para el pago, pero no la garantía.

Para la adjudicación del bien constituido como patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar al acreedor especial, se siguen las siguientes reglas:

  • Se tomará como valor de la adjudicación del bien constituido como patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar el equivalente al noventa por ciento (90%) del valor del avalúo. (Art. 42 Dec. 2677 de 2012 y Art. 467 num. 4 CGP).
  • Si dicho valor es superior al monto del crédito garantizado con él, el Juez señalará el valor de la diferencia en el auto que cite a audiencia de adjudicación.
  • El acreedor podrá optar por la adjudicación del bien, en cuyo caso deberá consignar dicho valor a órdenes del juzgado dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de dicha providencia, en los términos del artículo 467 del Código General del Proceso.
  • Los dineros que sean consignados por mayor valor del bien, tendrán como objetivo acrecentar la masa de la liquidación por lo que no serán entregados al deudor así provengan de un bien excluido de la masa de liquidación.
  • En la audiencia de adjudicación, antes de escuchar las alegaciones de las partes sobre el proyecto presentado por el liquidador, el Juez verificará que el acreedor garantizado haya presentado oportunamente el comprobante de la consignación de que trata el in­ciso anterior teniendo en cuenta, en lo pertinente, la regla prevista en el inciso final del artículo 453 del Código General del Proceso. A continuación adjudicará el inmueble al acreedor garantizado.
  • Realizada la adjudicación del bien al acreedor garantizado, el juez oirá las alegaciones de las partes sobre el proyecto de adjudicación presentado por el liquidador y proferirá pro­videncia de adjudicación, en los términos del artículo 570 del Código General del Proceso.

Dentro del término para consignar el mayor valor del bien, el acreedor ga­rantizado podrá solicitar que se le adjudique el bien constituido como patrimonio de familia inembargable o afectado a vivienda familiar en común y proindiviso con otros acreedores. El Juez autorizará dicha solicitud en la audiencia de adjudicación cuando cumpla con los siguientes requisitos: (art. 42)

  • Se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de los demás acreedores be­neficiarios de la adjudicación.
  • La adjudicación respete el orden legal de prelación de créditos y la igualdad entre los acreedores pertenecientes a cada una de las clases y grados.
  • Existan bienes suficientes en la masa de la liquidación para poder satisfacer las obligaciones pertenecientes a clases y grados superiores a las de los demás acreedores beneficiarios de la adjudicación.
  • Existan bienes suficientes en la masa de la liquidación para satisfacer las obligacio­nes pertenecientes a la misma clase y grado en la misma proporción y condiciones que los demás acreedores beneficiarios de la adjudicación.
  • La adjudicación no vulnere la Constitución ni la ley.

Si una vez adjudicada la garantía queden saldos insolutos, estos serán pagados con la masa de la liquidación, respetando el orden de prelación de créditos y la igualdad con los demás acreedores involucrados.

Si con posterioridad a la adjudicación de los bienes de la masa de la liquidación subsis­tieren saldos insolutos, procederán los efectos dispuestos en el numeral 1 del artículo 571 del Código General del Proceso, es decir, los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidación, mutarán en obligaciones naturales, y producirán los efectos previstos por el artículo 1527 del Código Civil.

¿Es posible solicitar por un acreedor el levantamiento de patrimonio de familia o afectación de vivienda familiar?

Un acreedor que se considere perjudicado o defraudado, puede solicitar al juez del concurso que durante el término de traslado de los inventarios y avalúos presentados por el liquidador, el levantamiento de la afectación a vivienda familiar, en los términos del artículo 4° numeral 7 de la Ley 258 de 1996. Para el patrimonio de familia inembargable no se aplica esta regla y por lo tanto no puede ser solicitado su levantamiento.

Con la solicitud, el acreedor deberá acompañar prueba del perjuicio que le causa la afectación a vivienda familiar, por la insuficiencia de los activos que conforman la masa de la liquidación. El Juez resolverá sobre la procedencia del levantamiento en el auto que cite a audiencia de adjudicación.

En dicha providencia, el Juez procurará la protección del derecho constitucional a la vivienda digna del deudor. Para ello tendrá en cuenta, entre otros criterios, el valor de la vivienda afectada con dicho gravamen, y protegerá especialmente las viviendas de interés social, y aquellas cuyo valor no supere el monto previsto en el artículo 1 de la Ley 495 de 1999, es decir no mayor a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

 

¿Cómo es la adjudicación de la masa de liquidación en un proceso de liquidación patrimonial?

Luego de la apertura del trámite liquidatorio; la posesión del liquidador; la notificación de los acreedores y publicaciones; presentadas las objeciones y las observaciones el juez proferirá una providencia donde se resolverán las objeciones, las observaciones al inventario y el avalúo; ordenará la elaboración al liquidador de un proyecto de adjudicación que quedará a disposición de los interesados y citará a audiencia de adjudicación.

En la audiencia de adjudicación en primer lugar el juez oirá las alegaciones que las partes tengan respecto del proyecto de adjudicación presentado por el liquidador y a continuación proferirá la providencia de adjudicación, que seguirá las siguientes reglas: (Art. 570 CGP)

  • Determinará la forma en que serán atendidas con los bienes del deudor las obligaciones incluidas en la liquidación, en el orden de prelación legal de créditos.
  • Comprenderá la totalidad de los bienes a adjudicar, incluyendo el dinero existente, que será repartido con sujeción a la prelación legal de créditos.
  • Respetará a igualdad entre los acreedores, adjudicando en lo posible a todos y cada uno de la misma clase, en proporción a su respectivo crédito, cosas de la misma naturaleza y calidad.
  • En primer lugar será repartido el dinero, enseguida los inmuebles, posteriormente los bienes muebles corporales y finalmente las cosas incorporales.
  • Habrá de preferirse la adjudicación en bloque, de acuerdo con la naturaleza de los activos. Si no pudiera hacerse en tal forma, los bienes serán adjudicados en forma separada, procurando siempre la generación del mayor valor.
  • La adjudicación de bienes a varios acreedores será realizada en común y proindiviso en la proporción que corresponda a cada uno.
  • El juez hará la adjudicación aplicando criterios de semejanza, igualdad y equivalencia entre los bienes, con el propósito de obtener el resultado más equitativo posible.
  • El acreedor destinatario que opte por no aceptar la adjudicación deberá informarlo en audiencia. El juez, de manera inmediata, procederá a adjudicar los bienes a los acreedores restantes respetando el orden de prelación.
  • Los bienes no recibidos se destinarán al pago de los acreedores que acepten la adjudicación hasta concurrencia del monto de sus créditos reconocidos.
  • Si quedaren remanentes, estos serán adjudicados al deudor.

 

¿Que efectos genera la adjudicación en el proceso de liquidación patrimonial?

La providencia de adjudicación produce los siguientes efectos:

  • Los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidación, mutarán en obligaciones naturales, y producirán los efectos previstos por el artículo 1527 del Código Civil.
  • No habrá lugar a este efecto si, como consecuencia de las objeciones presentadas durante procedimiento de negociación del acuerdo o en el de liquidación patrimonial, el juez encuentra que el deudor omitió relacionar bienes o créditos, los ocultó o simuló deudas. Tampoco habrá lugar a aplicar dicha regla si prosperan las acciones revocatorias o de simulación que se propongan en el curso de los procedimientos, ni respecto de los saldos insolutos por obligaciones alimentarias.
  • Los acreedores insatisfechos del deudor no podrán perseguir los bienes que el deudor adquiera con posterioridad al inicio del procedimiento de liquidación.
  • Para la transferencia del derecho de dominio de bienes sujetos a registro, bastará la inscripción de la providencia de adjudicación en el correspondiente registro, sin necesidad de otorgar ningún otro documento. Dicha providencia será considerada sin cuantía para efectos de impuestos y derechos de registro, sin que al nuevo adquirente se le puedan hacer exigibles las obligaciones que pesen sobre los bienes adjudicados o adquiridos, como impuestos prediales, valorizaciones, cuotas de administración, servicios públicos o en general aquellas derivadas de la condición de propietario.
  • Tratándose de bienes muebles, su tradición se llevará a cabo el día siguiente a la ejecutoria de la providencia.
  • El liquidador procederá a la entrega material de los bienes muebles e inmuebles dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia de adjudicación, en el estado en que se encuentren.
  • Vencido este término, el liquidador deberá presentar al juez una rendición de cuentas finales de su gestión, donde incluirá una relación pormenorizada de los pagos efectuados, acompañada de las pruebas pertinentes. El juez resolverá sobre las cuentas rendidas, previo traslado por tres (3) días a las partes, y declarará terminado el procedimiento de liquidación patrimonial.
  • El efecto previsto en el numeral 1 de este artículo también se aplicará a los deudores personas naturales comerciantes que adelanten un proceso de liquidación judicial en los términos establecidos en la Ley 1116 de 2006.
  • Las personas naturales comerciantes y no comerciantes que se beneficien de la regla prevista en el numeral 1 solo podrán presentar una nueva solicitud de liquidación judicial o patrimonial a los diez (10) años de terminado el proceso de liquidación.

 

¿Qué sucede con la información crediticia y los reportes en centrales de riesgo del deudor en liquidación patrimonial? 

El conciliador o el juez deberán reportar en forma inmediata a las entidades que administren bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial y de servicios, la información relativa a la aceptación de la solicitud de negociación de deudas, la celebración del acuerdo de pago y su cumplimiento, el inicio del procedimiento de convalidación del acuerdo privado o la apertura del procedimiento de liquidación patrimonial y su terminación.

Para los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, bastará demostrar la apertura del proceso de liquidación patrimonial. En estos casos, el término de caducidad del dato negativo empezará a contarse un (1) año después de la fecha de dicha providencia.

Sin embargo, si con posterioridad a la terminación de la liquidación patrimonial el deudor paga los saldos que hubieren quedado insolutos, el acreedor respectivo informará a la entidad que administre la base de datos respectiva para que el dato sea eliminado en forma inmediata.