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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES

ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR -ARTÍCULOS 57 y 58 DE LA LEY 1480 DE 2011 y 24 DE LA LEY 1564 DE 2012-.

Radicado interno:

Expediente: Demandante: Demandado:

Asunto:

XXXX
506 Jurisdiccionales 23 Fallo

XXXX
XXXX
XXXX

CONTINUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA – PROCESO VERBAL SUMARIO DE MÍNIMA CUANTÍA.

En Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), fecha y hora previstas para continuar la audiencia contemplada en el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, suspendida el pasado doce (12) de diciembre, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye en audiencia pública para los efectos correspondientes, disponiendo la grabación de lo actuado registro que forma parte integrante de la presente acta. Asiste la audiencia Diego Fernando Ramírez Sierra, profesional especializado de la Delegatura.

(…)

SENTENCIA

Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre XXXX y XXXX

I. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL

XXXX presentó demanda en contra de XXXX solicitando desconocer la negativa de dicha entidad del 29 de julio de 2013 en la cual se le negó el reconocimiento de la indemnización derivada del amparo seguro de desempleo por encontrarse en periodo de carencia y la imposición de las sanciones que correspondan. Como soporte de sus pretensiones expuso -en síntesis- que adquirió de XXXX una póliza de desempleo, que durante los primeros “30 días de carencia no recibiría ingreso pero después por seis meses recibiría $2.100.000 mensuales” (hecho 2), que el 30 de junio de 2013 XXXX le informó la terminación de su contrato, terminación que se prolongó hasta el 31 de julio para la entrega del cargo. Agregó que la entidad demandada ha eludido el pago de la póliza, circunstancia que afecta su derecho al mínimo vital, y que la reclamación la hizo como empleado de “XXXX” y no de “XXXX”.

Admitida la demanda, mediante providencia de fecha 23 de octubre de 2013, se dispuso la notificación de la entidad demandada. Efectuada en debida forma, XXXX dio oportuna contestación a la misma, aceptó la expedición del amparo adicional de desempleo otorgado bajo la póliza de seguro de accidentes personales, explicó que fue emitido a través de la red bancaria del Banco Colpatria, que el pago de la prima era mensual, que el valor asegurado fue de $350.000 mensuales durante 6 meses -para un total $2.100.000- y que la vigencia de la póliza empezó el 12 de junio de 2013. Refirió que el demandante inició a trabajar el 1o de junio de 2013 con la empresa XXXX y fue despedido el 28 de junio del mismo año dentro del periodo de prueba, en estas condiciones el demandante no tenía la antigüedad requerida en el seguro, como tampoco transcurrió el periodo de carencia previsto en la póliza. Sostuvo que los documentos aportados por el señor XXXX no son reales y que el demandante “prefabricó” (fl. 382) el contrato de trabajo con

Calle 7 No. 4 – 49 Bogotá D.C. Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01 www.superfinanciera.gov.co

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XXXX, así como los comprobantes de nómina, la carta de despido y la carta de ampliación de labores con la única finalidad de defraudar a la aseguradora. Con fundamento en lo anterior,

propuso las excepciones de mérito que denominó “Nulidad relativa del contrato de seguro de conformidad con los artículo 1058 y 1158 del Código de Comercio”, “[I]nexistencia de la eventual obligación indemnizatoria por cuenta de Seguros de Vida Colpatria S.A. a favor del demandante”, “Inexigibilidad de indemnización o pre[s]tación alguna a cargo de la aseguradora por presentación fraudulenta de la reclamación de indemnización” y la “Genérica”.

Surtido el traslado de las excepciones a la parte actora, el Despacho convocó a las partes a la audiencia de que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil. Ante el fracaso de la conciliación, se practicaron los interrogatorios a las partes, se fijó el litigio sobre la base que la controversia recae sobre el reconocimiento de la indemnización por el amparo de desempleo otorgado por la aseguradora demandada, al igual que los hechos relevados de discusión, se decretaron las pruebas solicitadas y las que de oficio la Delegatura tuvo a bien ordenar y se surtió su práctica. Cerrado el debate probatorio, se concedió el uso de la palabra a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, derecho ejercido por ambas partes.

CONSIDERACIONES 1. Competencia y presupuestos procesales:

En lo que respecta a los llamados presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, no existe reparo alguno. Esta Delegatura es competente para conocer del conflicto surgido entre las partes, en ejercicio de la acción de protección al consumidor, contemplada en el inciso 2o del artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, toda vez que se trata de una controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre XXXX, como consumidor financiero, y XXXX, entidad vigilada por esta Superintendencia. Adicionalmente se encuentra habilitado el elemento temporal a que alude el numeral 3o del artículo 58 de la Ley 1480.

Tampoco se avizora causal alguna de nulidad que pueda dar al traste con lo actuado, lo cual significa que el presente proceso finalizará con un pronunciamiento sobre el fondo del litigio.

2. Problema Jurídico.

Corresponde a la Delegatura establecer si la aseguradora se encuentra contractualmente obligada a pagar la indemnización prevista en la póliza de seguro de desempleo adquirida por el demandante.

Para su resolución esta Delegatura analizará el vínculo contractual indicado, su alcance y condiciones, así como lo acreditado, en orden a establecer si la demandada se encuentra obligada a amparar el riesgo antes señalado.

3. Análisis del caso en concreto.

En el presente evento no se somete a discusión la existencia del contrato de seguro celebrado entre el señor XXXX y XXXX, aspecto que las partes convinieron tener por probado en la etapa de fijación del litigio (Cd. hora 2, mins: 02:12 a 08:17, fl. 337), actuando como tomador del mismo, el demandante. Al respecto, el artículo 1036 del Código de Comercio establece que “el seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”, celebrado entre el asegurador “o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos” (artículo 1037), y el tomador, es decir, “la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos” (ibídem).

Dicho lo anterior, los elementos esenciales para la existencia del contrato de seguro, cuya ausencia determina que el mismo no produzca efectos, son los enunciados en el artículo 1045 del Código de Comercio así:

I. Interés asegurable, que en lo que se refiere a los seguros de daños, preceptúa el

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artículo 1083 ibídem que “tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo.”

  1. Riesgo asegurable, previsto en el artículo 1054 ibídem como“… el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento”.
  2. Prima o precio del seguro, que corresponde a la contraprestación que obtiene el asegurador por la asunción del riesgo que le es trasladado en virtud del contrato de seguro celebrado.
  3. La obligación condicional, consistente en que una vez consumado el riesgo asumido por la compañía de seguro, surge para la misma la obligación de indemnizar o pagar la suma asegurada según corresponda (artículo 1054 ibídem).

En el presente caso, el riesgo asumido por XXXX se definió en el Capítulo de “AMPAROS Y EXCLUSIONES”, bajo el numeral 1.1. en los siguientes términos: “Cubre el riesgo de pérdida

involuntaria del empleo del asegurado, como consecuencia del despido por parte del empleador, ocurrido por alguna de las siguientes causas, siempre y cuando a la fecha de ocurrencia del desempleo tenga como mínimo tres (3) meses continuos laborando con el mismo patrono: ● Despido sin justa causa. ● Declaratoria de insubsistencia, ● El despido a empleados de libre nombramiento y remoción, ● Terminación del contrato por mutuo acuerdo siempre y cuando exista conciliación ante una autoridad competente, ● Cierre temporal o definitivo de la empresa, ● Supresión de cargos por fusión, transformación o liquidación de entidades públicas o empresas privadas, ● Cualquier otra modalidad de despido sin justa causa” (fls. 68-71).

Consta en la solicitud de productos Bancaseguros (fls. 66 y 67) que el tomador optó por el plan tres (3) del total de planes ofrecidos, con las siguientes coberturas: (1) Desempleo o incapacidad total temporal: $350.000 por mes y $2.100.000 durante la vigencia y (2) Muerte accidental: $600.000; designando como su único beneficiario al señor Jesús Armando Guerrero Ramos. A su turno, se obligó a pagar la suma de $24.360 como prima mensual.

En el presente caso, los efectos indemnizatorios derivados de la materialización del riesgo no operaban de manera automática, originando la obligación resarcitoria en cabeza de la aseguradora ante cualquier pérdida involuntaria del empleo, sino que se requiere la verificación de ciertas condiciones cualificantes del daño amparado. En efecto, de acuerdo con los literales “D”, “J” y “K” del numeral 1.1.2 del clausulado particular, se encuentran excluidos el “[d]esempleo involuntario del asegurado que ocurra dentro del periodo de carencia”, la “[p]érdida del empleo para trabajadores con una antigüedad menor a tres (3) meses, con el mismo empleador” y la “[t]erminación del contrato laboral en el periodo de prueba”. En relación con el periodo de carencia este se computa “…desde la iniciación de la vigencia del amparo otorgado por la póliza, durante el cual el asegurado y/o beneficiario oneroso no tiene derecho a reclamar la indemnización”. Tal periodo de fijó en “treinta días (30),… [que] se cuenta desde el inicio de vigencia del amparo individual” (fls. 68 a 71).

La cláusula así pactada, es expresión de la potestad de la aseguradora para delimitar los riesgos a través de las exclusiones como lo prevé el artículo 1056 del Código de Comercio a cuyo tenor, “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”, sin que ello conlleve la convalidación de cláusulas abusivas expresamente prohibidas por el legislador al punto que se tendrán por no escritas, como expresamente lo establece el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009.

Es sobre el anterior supuesto que la aseguradora demandada objetó la reclamación del demandante y reiteró al presentarse la respectiva reconsideración, ya no con fundamento en su vinculación laboral con XXXX sino con XXXX, sociedad esta última que a la postre terminó siendo constituida por el mismo demandante.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” por lo

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que en razón a la segunda parte del transcrito artículo, corresponde al asegurador “… demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad”.

En cuanto a lo primero, ya se indicó que el riesgo asegurado solo tendría cobertura en caso de contarse con un término mínimo de vinculación laboral de tres meses. Al respecto, obra en el proceso certificación expedida por XXXX de fecha 25 de octubre de 2013 haciendo constar que el señor XXXX laboró para esta empresa “…mediante CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO desde el 01 de junio de 2013 y hasta el 28 de junio de 2013” (fl. 95). Igualmente reposa carta de fecha 28 de junio de 2013 mediante la cual el Jefe de Recursos Humanos de XXXX le informó al demandante que “[d]e acuerdo al contrato de trabajo celebrado a término indefinido desde el 01 de junio del presente año, con un periodo de prueba de 2 meses, la empresa ha decidido dar por terminado dicho contrato laboral, de forma unilateral” (fl. 90).

De acuerdo con tales probanzas, el demandante laboró con XXXX por espacio de 28 días, del 1o de junio al 28 de junio de 2013 fecha en que la empresa decidió dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo, durante su periodo de prueba. En estas condiciones, dado que dicha relación laboral no tenía una antigüedad superior a tres meses, que su terminación se dio antes del vencimiento del periodo de carencia (dado que la vigencia de la póliza inició el 12 de junio y tal periodo comprendía los 30 días primeros días), y que el demandante se encontraba en periodo de prueba (aunque no obra el contrato se trata de un hecho estipulado por las partes –Cd, hora 2, mins: 2:12 a 8:17, fl. 337), se encuentran plenamente configuradas las causales de exclusión previstas en el numeral 1.1.2, literales “D”, “J” y “K” de las condiciones particulares del contrato, lo que impide por esta vía el reconocimiento de la indemnización pretendida por el actor.

Procede entonces la Delegatura a analizar la relación laboral que el demandante indica existió con la sociedad XXXX en orden a establecer si se reúnen las condiciones anteriormente señaladas, para ser materia de cobertura y en consecuencia de reconocimiento de la indemnización que persigue.

De acuerdo con las pruebas allegadas, entre la sociedad XXXX identificada con el Nit. 900.636.943-5 y el señor XXXX se celebró el 1° de septiembre de 2012 un contrato de trabajo a término indefinido con salario integral, con “…un horario de 9.00 am a 4.00 p.m. labor que desarrollará en su computador personal y en transversal 48 c sur 13 a 41 de la ciudad de Bogotá” (fls. 13 y 14). Dicho contrato, según la comunicación obrante a folio 25, tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2013 cuando la empleadora decidió terminarlo “…a partir de la fecha…”. Por su parte, conforme con los comprobantes de nómina aportados, XXXX “Nit. 900.636.943-5” pagó al demandante la suma de $700.000 mensuales como salario durante el periodo transcurrido del 1° de septiembre de 2012 al “31 [sic] de junio de 2013” (fls. 15 – 24).

También obra acta de ampliación de labores de fecha 1° de agosto de 2013, mediante la cual XXXX “Nit. 900.636.943-5” amplió en 30 días la entrega efectiva del cargo, extendiendo el contrato del 1° de julio al 30 de julio de 2013 (fl. 32). No obstante, reposa acta posterior mediante la cual se deja sin efecto la anterior acta; consta en esta que “1. Se prolonga el contrato desde 1 de julio de 2013 hasta el día jueves 11 de julio de 2013. // 2. Que por expiración del plazo fijo pactado, el día 30 de junio de 2013 termina legalmente su contrato de trabajo a término indefinido con lo estipulado en la cláusula en el literal C del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. // 3. Razón por la cual el acta 1 agosto de 2013 tenía ampliación de labores del 1 julio de 2013 hasta 30 de julio de 2013 queda modificada así desde 1 julio de 2013 hasta jueves 11 julio 2013.” (Subrayado fuera del texto. fl. 191).

En relación con la sociedad XXXX “Nit: 900636943-5”, obra en el plenario certificado de existencia y representación legal expedido el 25 de julio de 2013 por la Cámara de Comercio de Bogotá, figura en este como representante legal el mismo demandante, señor XXXX. Esta sociedad fue matriculada el 19 de julio de 2013, su constitución se dio mediante “…DOCUMENTO PRIVADO… DEL 18 DE JULIO DE 2013, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01749520 DEL LIBRO IX…” (Subrayado fuera del texto), como capital autorizado, suscrito y pagado se denunció la suma de $1.000.000 (fls. 195 y 196). Según el acta de constitución el señor XXXX, aquí demandante, tiene la calidad de constituyente único del ente societario (fls. 407 a 423).

Consta en el formulario de Registro Único Tributario que la sociedad XXXX inició labores el 18 de julio de 2013 (fl. 101). Al preguntarle al demandante en el interrogatorio que le fue practicado por esta Delegatura, cuándo se constituyó esta sociedad manifestó que “…se constituy[ó] mediante

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documento privado cual maneja las SAS el 18 de julio de 2013” (Subrayado fuera del texto. Cd. mins: 34:03 a 34:42, fl. 337)

En relación con el Número de Identidad Tributaria que aparece consignado en los anteriores documentos, obra formulario de identificación tributaria de fecha 19 de julio de 2013 mediante el cual se asignó a la sociedad XXXX el Nit. “900636943-5”, haciendo precisión que “…tendrá vigencia por treinta (30) días calendario a partir de la fecha de expedición, dentro de este término deberá presentar la certificación de la titularidad de la cuenta de ahorros o corriente ante la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la formalización de la Inscripción en el Registro Único Tributario” (fl. 341). Adicionalmente la Cámara de Comercio de Bogotá certificó que el 19 de julio de 2013 le fue asignado a la sociedad XXXX el Nit. 900636943-5 de manera temporal, “válido únicamente para solicitar la apertura de la cuenta corriente o de ahorros…”, ya que “una vez se presente la apertura de cuenta y el formulario 1648 ante la DIAN, esta procede a cancelar el Nit. temporal y asignar el Nit. definitivo” (fls. 396 y 397).

De acuerdo con las anteriores pruebas, la sociedad XXXX fue constituida por el señor XXXX el día 18 de julio de 2013, día de inicio de sus operaciones -según consta en el documento visible a folio 101-, ente societario matriculado el día 19 de julio del mismo año en la Cámara de Comercio de Bogotá, oportunidad en la cual se le asignó el Nit. 900636943-5 de manera temporal o provisional por el término de 30 días para efectos de abrir una cuenta Bancaria, luego de lo cual la DIAN procedería a “cancelar el Nit. temporal y asignar el Nit. definitivo”. Tanto la constitución de la sociedad, la titularidad de las acciones, como la representación de la misma la tiene y ejerce el señor XXXX, hoy demandante.

El Despacho encuentra gravemente comprometido el valor demostrativo, veracidad, credibilidad, seriedad y mérito de los documentos aportados por el demandante como soporte de su reclamación en la medida que (i) su empleador “XXXX” solamente se constituyó y adquirió capacidad jurídica hasta julio de 2013 (cabe precisar que la sociedad por acciones simplificada solamente forma una persona jurídica autónoma a partir de su inscripción en el registro mercantil – art. 2o de la Ley 1258 de 2008), esto es, después del momento en que fundamenta su reclamación; (ii) el salario que la sociedad se obligó a cancelar, representa el 70% de todo su patrimonio; (iii) resulta inverosímil que 9 meses antes de su constitución apareciera celebrado un contrato de trabajo con el señor XXXX, quien vendría a ser su representante legal, fundador y socio unitario; (iv) mucho más remoto que la sociedad se identificara en sus actos con un Nit. que sólo le vendría a ser asignado de manera temporal desde el 19 de julio de 2013, (v) cuestionamiento que igualmente se tiende y controvierte su papelería, comprobantes de nómina (fls 15 a 24) y la carta de despido (fl. 25), pues resulta contrario a toda lógica que la empleadora conociera el Nit. “900636943-5” que -se insiste- sólo sería asignado por la Cámara de Comercio mucho tiempo después de manera provisional, circunstancias que permiten a esta Delegatura restar mérito probatorio a la documental allegada por el demandante, para acreditar, como lo pretende, que tales actos tuvieran lugar en la época y condiciones que en ellos se expresa dado el imposible lógico y temporal que comportan.

A lo anterior se suma la manifestación del señor Roberto Guzmán Cardona, en su calidad de Gerente General de XXXX obrante a folio 95 y en la cual se afirma que “el trabajador no entregó su puesto de trabajo y se llevó de la empresa nuestro sello institucional”, circunstancia que fue ratificada en su testimonio al manifestar que con ocasión de las labores que le fueron asignadas al demandante tenía a su disposición el sello de la empresa y que cuando se retiró el sello no fue devuelto, reconociendo como propio, con algunas alteraciones, el sello que obra impuesto sobre los comprobantes de nómina a folios 322, 325 a 334, y que evidencia que no pudo ser usado con anterioridad al 1 de junio de 2013, fecha de inicio de su relación laboral con XXXX Además choca a la razón creer la coincidencia del nombre de la sociedad que fundó el demandante, por obra y gracia del azar, con el de la empresa en la que tiempo después vino a trabajar.

Por todo lo anterior, se ordenará compulsar copias de la totalidad del expediente y de la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro de su competencia, adelante las investigaciones penales a que haya lugar, como ha sido solicitado por el apoderado de la entidad demandada.

DEMANDANTE

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Conforme con lo expuesto, para esta Delegatura, no se encuentra acreditado por el demandante la materialización real, auténtica y efectiva del riesgo asegurado.

Adicionalmente, ni siquiera en gracia de discusión podría aceptarse que el contrato laboral suscrito con XXXX terminó el día 11 de julio de 2013 ya que como se dijo en precedencia para dicha fecha aún no se había constituido jurídicamente la sociedad empleadora. Menos aún resulta siquiera factible considerar que una fusión, que tiene la virtud de desaparecer una persona natural, realizada el 1 de agosto de 2013 o el 2 de septiembre de 2013, según el juicio del demandante y que obra a folio 370 pudiera dar el valor de la preexistencia de un vínculo laboral vigente para el 11 de julio de 2013, fecha que sustenta la reclamación materia del litigio.

Así las cosas, no se encuentra acreditada la existencia del siniestro y por el contrario, encuentran respaldo probatorio los fundamentos fácticos de las razones invocadas por XXXX, como sustento de su solicitud de exoneración de responsabilidad, razón por la cual se declararán probadas las excepciones de “INEXISTENCIA DE LA EVENTUAL OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA POR CUENTA DE

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. (sic) A FAVOR DEL DEMANDANTE” e “INEXIGIBILIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN O PRESTACIÓN ALGUNA A CARGO DE LA ASEGURADORA POR PRESENTACIÓN FRAUDULENTA DE LA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN”, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda y en consecuencia se releva la Delegatura del análisis de los otros medios exceptivos.

En cuanto atañe a las costas no se impondrá condena en tal sentido, con fundamento en lo previsto en el numeral 9° del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no aparecen causadas.

De conformidad con las consideraciones precedentes, la DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones de “INEXISTENCIA DE LA EVENTUAL OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA POR CUENTA DE SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. (sic) A FAVOR DEL DEMANDANTE” e “INEXIGIBILIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN O PRESTACIÓN ALGUNA A CARGO DE LA ASEGURADORA POR PRESENTACIÓN

FRAUDULENTA DE LA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN”, propuestas por XXXX, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Desestimar, en consecuencia, las pretensiones de la demanda promovida por el señor XXXX en contra de XXXX, por las razones expuestas a lo largo de esta providencia.

TERCERO: Abstenerse de imponer condena en costas.

CUARTO: COMPULSAR copias de la totalidad del expediente y de la presente providencia a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro de su competencia, adelante las investigaciones penales a que haya lugar, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Cumplido lo anterior, archívese el expediente.
La anterior decisión es notificada a las partes en estrados.

No siendo más el motivo de la presente audiencia, se termina y firma por quienes en ella intervienen.

LA DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES,

MARÍA MARGARITA RAMÍREZ LÓPEZ

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XXXX

APODERADO DE LA ENTIDAD DEMANDADA,

EL TESTIGO

XXXX

XXXX